Análisis politico por Óscar Ceballos.
Las recientes elecciones presidenciales de Venezuela han originado diversos pronunciamientos de todos los países latinoamericanos y del Caribe, sobre el resultado y circunstancias de las elecciones presidenciales y ante las manifestaciones de victoria alegada por ambos candidatos.La comunidad regional e internacional parece estar preparando un pronunciamiento definitivo, con acciones que permitan garantizar el respeto a la voluntad popular, el ejercicio de los derechos civiles y políticos, y la democracia, de acuerdo a las leyes pre establecidas en cada país y los standards democráticos internacionales.El actual Presidente y candidato, fue proclamado ganador por el órgano electoral, sin haber concluido el proceso de totalización definitiva de los resultados electorales, y el Árbitro Electoral alegó que el retraso y otras fallas, obedecieron a un ataque cibernético.Los representantes del candidato opositor, por su parte alegaron, que su candidato fue el ganador de la contienda electoral y presentaron fundamentos serios, de que su candidato había obtenido una votación electoral con ventaja de más de 30 puntos de ventaja en la participación electoral realizada. También se sustentan en algunos observadores internacionales que presenciaron el proceso electoral y que concluyen, que el proceso electoral no fue democrático.Las afirmaciones de ambas partes produjeron y continúan arrojando manifestaciones callejeras deambas partes, dejando un saldo de decenas de muertes, heridos, detenidos y desaparecidos en la oposición, en forma visiblemente mayoritaria. A nivel regional e internacional, diferentes países se han pronunciado a favor y en contra de ambos candidatos. Algunos países han creado bloques de opiniones, que intentan influir en cómo debería solucionarse este grave impasse, sobre el resultado electoral presidencial venezolano.El Gobierno venezolano, por su parte, ha buscado validar los resultados electorales a través del máximo Tribunal de Justicia, sin embargo, la oposición y algunos países han cuestionado la imparcialidad e independencia del Poder Judicial, considerándolo como un simple “agente validador” del candidato del gobierno.Los representantes del candidato opositor, afirman que no aceptarán que la decisión del Poder Judicial venezolano, suplante la voluntad popular, por considerarlo incompetente e imparcial. En este dinámico escenario se observa que un pequeño bloque de países, aliados o simpatizantes ideológicos del actual gobierno, intentan influir para lograr un “acuerdo” político electoral entre el gobierno, que a su vez es el candidato presidencial. De manera, que los representantes del candidato opositor, no solo deben de dialogar e intentar lograr un acuerdo con el candidato oficial del partido del gobierno, sino también con el gobierno y el poder de sus instituciones. Es una lucha o dialogo bifronte, que hace difícil y complejo alcanzar una solución sobre el resultado electoral, desde el punto de vista legal y desde el ángulo político. Desde el ángulo legal, habría una desigualdad procesal, para la oposición, ya que se enfrenta al candidato oficial quien a pesar de ser proclamado, solicitó al Poder Judicial, un recurso de revisión y validación del proceso electoral ante los órganos de poder de su gobierno. Amén, de existir improcedencias técnicas procesales, de carácter competencial y jurisdiccional, en la interposición del recurso contencioso, que el suscrito no detallará en este análisis, ya que el propósito es de carácter, pedagógico, didáctico y pragmático, para la solución de una grave crisis política electoral, afirmando en forma conclusiva, que la crisis y su solución, no es legal sino política.Que este grave impasse electoral, pasa por un necesario acuerdo político nacional, regional e internacional, que en primer lugar, garanticen, el respeto a la voluntad popular expresada el 28 de Julio, la estabilidad regional, el no aislamiento económico internacional, el respeto sacrosanto de los derechos humanos, y la prevención de una nueva ola migratoria venezolana, regional y hemisférica, desde y hacia territorios del mundo, en especial hacia el Norte. El acuerdo político debe ser ampliamente consensual, sin imposiciones y sin prevalencia de lealtades de ninguna fuerza pública hacia ningún candidato, ya que el solo hecho de un pronunciamiento lo llevará a ser parte del problema y no de su solución, en un asunto de naturaleza civil.La intención de un grupo de países regionales, obviamente simpatizantes “ideológicos” del candidato y de su gobierno, es interesante, pero no suficiente, ya que debe contar con la aquiescencia política de la mayoría de los países regionales e internacionales, para así legitimar un acuerdo robusto y sólido de la comunidad internacional que servirá de fundamento y aval para garantizar los “detalles” del acuerdo. Naturalmente y obvio, es que los representantes del candidato opositor y el mismo candidato deberán participar y estar de acuerdo, con la propuesta de solución planteada, por este bloque de países regionales, como lo son Brasil, Méjico, Colombia y Chile y los que se adhieran a esta propuesta de solución. Indefectiblemente la comunidad internacional, deberá ser parte de este intento de solución, ya que los mismos tendrían un interés legítimo, por razones geopolíticas, migratorias, económicas a nivel global, como parte de la defensa y protección de los derechos humanos worldwide, en los cuales no hay soberanía ni acto de gobierno que valga o sea opuesto como injerencia y excusa.La historia política comparada nos muestran que países como España y Chile pasaron procesos y diálogos dolorosos, pero recuperaron la democracia.El suscrito cree que los procesos de recuperación democrática, pasan por sacrificios necesarios, dolorosos y frustrantes, para desalojar a gobiernos autoritarios y autócratas, a través de un “diálogo contenido”, que pareciera hacerse ignorando, muertes, detenidos y desaparecidos, que pareciera no ético y frustrante, en un dialogo, pero necesario para avanzar. Ese “diálogo contenido” bajo esas condiciones, es una tarea desafiante, dolorosa y frustrante que pareciera concederle a un gobierno autócrata, una inmunidad y protección avalada, que podría ser interpretada como un premio o reconocimiento a la criminalidad o presuntos hechos punibles.El suscrito cree que es un alto precio que a veces se tiene que pagar, a los fines de evitar un baño de sangre, pero que a su vez recoge y sirve como una dolorosa lección, para la sociedad en el futuro.La democracia con este diálogo, no desaparece, sino que se renueva, rectificando los errores o culpa “in eligendo” a sus candidatos por la sociedad. Ratificándose el lapidario proverbio del Libertador que dijo: “Que los pueblos tienen el Gobierno que se merecen.” Manifestación explícita de la voluntad popular.La representación política del candidato opositor pareciera dar señales de explorar ese diálogo, ante un eventual desgaste político emocional en el tiempo.