PARTE I)
Por Johan López .
El jueves 15 de agosto el presidente Lula indicó lo siguiente a propósito de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio pasado: «Maduro tiene seis meses de mandato. Si actúa con sentido común, podría convocar nuevas elecciones, formando un comité electoral con miembros de la oposición y observadores internacionales».
Por su parte, el presidente Gustavo Petro, sobre el mismo asunto, señaló: «Levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela.
Amnistía general nacional e internacional. Garantías totales a la acción política. Gobierno de cohabitación transitorio. Nuevas elecciones libres».
Me detengo, preliminarmente, en esto: “Nuevas elecciones libres”. ¿Acaso las elecciones del 28 de julio no fueron libres, según deja entrever el presidente Petro? ¿Por qué se demandan unas “Nuevas elecciones libres”? Petro tendrá que explicarle a Maduro (no sé bien cómo ni desde dónde) que el lacónico petitorio (“Nuevas elecciones libres”) no se trata de una puñalada trapera al sistema electoral venezolano y, en consecuencia, al propio chavismo que maneja todo el andamiaje institucional del país.
Ahora bien, la propuesta de los presidentes Lula y Petro debe ser analizada con «pecho frío». Si partimos de una premisa muy básica y elemental (a contra mano de las lecturas apresuradas y desiderativas), tendríamos que hacernos esta pregunta: ¿Por qué repetir una elección en la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador a Nicolás Maduro con un diferencial de votos de 7% por encima del opositor Edmundo González?
Me parece que allí hay un mensaje potente y claro a la institucionalidad chavista: no se reconocen sus resultados, ergo, no se reconoce la institucionalidad que el chavismo se ha confeccionado como traje a la medida; esto incluye no sólo al CNE, sino también al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fiscalía General, Asamblea Nacional, Contraloría General y los demás órganos del poder público nacional.
Habría que reconocer que la oposición tiene, en este escenario (y como nunca antes), potentes herramientas con qué negociar. Tiene los votos (propios y por hastío/rechazo al chavismo) y el apoyo de las mayorías (se trata de un apoyo heterogéneo, lo cual es muy positivo en los marcos democráticos).
De tal forma que puede exigir (sí, en esos términos) que si se van a repetir las elecciones deben darse bajo ciertos marcos y condiciones (nada distinto a lo que debe ser una elección democrática en cualquier país del mundo, por cierto):
•Liberación y amnistía inmediata de todos los presos políticos.
•Cese inmediato de la represión estatal. Respeto irrestricto a las garantías constitucionales, entre las cuales destacan el derecho legítimo a la protesta pacífica.
•Habilitación política de todos los candidatos.
•Habilitación del voto en el exterior (para votar se necesitaría el documento de identidad—pasaporte o cédula— esté vencido o no).
•Un nuevo CNE conformado de esta manera: 2-2-1. Todos deben ser expertos electorales de larga trayectoria. El experto independiente debería ser propuesto por las universidades o, en última instancia, que sea propuesto por organismos internacionales como la OEA, Centro Carter, la Unión Europea o la ONU.
•Veeduría y auditoría externa e internacional vinculantes (en todas las fases del proceso electoral). La ONU, el Centro Carter, la OEA y la Unión Europea deberían encabezar esas misiones electorales, junto a las que proponga el Gobierno.
Sin esas condiciones, la oposición representada por Edmundo González y María Corina Machado no debería aceptar ningún proceso electoral controlado por el chavismo, NINGUNO. La oposición tiene los votos, he allí su mayor activo político; mientras que el Gobierno tiene el rechazo mayoritario.
Eso le otorga al sector opositor, en el marco de la «guerra de posiciones» (Gramsci dixit) un lugar privilegiado desde donde negociar.
Quiero destacar, igualmente, la propuesta de Lula y Petro (cada uno en su tono) de un eventual Gobierno de cohabitación/coalición entre los factores opositores y el chavismo. Es bastante improbable que el chavismo acepte una propuesta como esta. Sobre todo porque no estaría dispuesto a que estructuras ajenas a su metabolismo corrupto estén husmeando en sus negocios, menos si se trata de factores ligados a la oposición liderada por Machado y González. Si el chavismo se aferra con uñas y dientes al poder gubernamental “como sea” es porque precisamente no está dispuesto a que le revisen y auditen sus dinámicas.
Un Gobierno como el de Maduro, que no respeta los estamentos más elementales del republicanismo democrático, no está dispuesto a compartir responsabilidades de Gobierno. Además ¿por qué tendría que hacerlo? Es ingenuo pensar, cuando menos, que un Gobierno que no reconoce las lógicas y procedimientos más básicos de la democracia, va a aceptar una propuesta como esta. Cable a tierra para Lula y Petro. En todo caso, no deja de parecerme algo suspicaz eso que plantea el presidente colombiano de un “Gobierno de cohabitación transitorio”.
¿Transitorio hacia qué? Bueno, el chavismo tiene 25 años ininterrumpidos en el poder. No hace falta ser Van Dijk para entender qué hay detrás de este planteamiento. ¿A Petro se le chispoteó, como diría el gran Chavito del 8? https://primeralineanyc.com.