El hombre, al renunciar a su estado natural, asume el carácter de ciudadano, mediante un pacto político, con sus semejantes y la sociedad, creando y conformando una infraestructura legal, social, política, económica y cultural. Bajo este acuerdo explícito, se crea un escenario donde el hombre puede realizar, en forma individual y colectiva, sus proyectos de vida, como los son, los proyectos políticos, los religiosos, los culturales y tecnológicos.
Esta infraestructura sirve como marco y medio, para difundir sus creencias, su arte, sus convicciones políticas, los avances científicos y tecnológicos, dentro de un ambiente competitivo, regulado en forma general por las leyes y auto regulado materialmente, en forma gallarda, ética, benigna y civilizada, por el hombre mismo, a través de su costumbres y cultura de forma pacífica, elevando su “estado natural” de convivencia primitiva, hacia un estado evolutivo de convivencia democrática.
El hombre, sin perder su ideal libertario individual, se asocia y participa en proyectos, privados y públicos, manteniendo al mismo tiempo, el equilibrio o sinergia con el todo, que no es más que la Sociedad y el Estado, estructura fundamental, la cual se asienta en una geografía determinada y una población heterogénea, en donde la diversidad individual y cultural conforman el continente geográfico y demográfico llamado Estado.
En este marco político, jurídico y social, la leyes, las costumbres y la ética constituyen, no solo la expresión de la existencia del hombre, también, constituyen un imperativo democrático de orden y participación, donde el Estado y la Sociedad asumen un “acuerdo” para garantizar, los deberes y derechos del hombre, dentro de un ámbito de aplicación, que garantiza la participación de todos y todas, preservando el sustrato geográfico y social, que es la figura política y jurídica del Estado (Jacques Rousseau).
Si bien el Estado es la figura jurídica del poder político y punitivo que acumula la legalidad, la legitimación social y la fuerza pública (Max Webber). El Estado, es también un marco de referencia y organización, que sólo debe de imponer una política de igualdad y participación inclusiva de todos sus miembros, a través de su normativa o Estado de Derecho, que es la garantía de las reglas mínimas de participación, de todos sus miembros en forma igualitaria, permitiendo todos los proyectos de vida del hombre, como consecuencia inevitable e imperativo de su ideal libertario.
En esta delicada dinámica social, la diversidad discurre o transita un delicado equilibrio político y social, donde debe privar el respeto a los derechos establecidos, como el cumplimiento de los deberes, dentro de un contexto bilateral perfecto, marco en el cual el Estado debe de mantener una mínima intervención en la sociedad, para así asegurar el ideal libertario individual del hombre, como principio filosófico de su naturaleza, que políticamente se conoce como la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de difusión o “imprenta” todos reconocidos como “derechos fundamentales del hombre,” que se bifurcan o multiplican en otros derechos propios de la vida cotidiana del hombre.
La filosofía que subyace sobre el ideal libertario del hombre, se puede catalogar como la piedra angular sobre el cual descansa su naturaleza y su vida.
Los derechos fundamentales del hombre, no son el producto de un acuerdo o declaraciones políticas ni jurídicas. El ideal libertario o derechos del hombre es un imperativo que entraña de la propia naturaleza del hombre.
El suscrito intenta demostrar que el hombre, no solicita que le constituyan o le declaren sus derechos, sino sólo el reconocimiento y respeto de sus derechos naturales y que él está dispuesto a limitar su ideal libertario natural, en aras de una convivencia social racional de deberes y derechos. Es allí donde el hombre asume el carácter político, a través de las instituciones de poder y de la figura de la representación política la cual es elegida mediante la aprobación o sufragio, renunciando al poder primitivo de la fuerza y la barbarie.
La filosofía, las religiones o culturas ni siquiera son las bases o fuentes de los derechos del hombre, ellas son, simplemente los referentes y los difusores del reconocimiento de los derechos naturales del hombre, que constituyen el ideal libertario del hombre. Este hecho natural del hombre, es pre existente a las filosofías, al Estado, a las instituciones y a las religiones.
Cuando el Estado, creado por el hombre conculca o ignora el ideal libertario del hombre o viola los derechos del hombre, está desconociendo o ignorando la fuente o nacimiento de su propia existencia, porque la sociedad y el hombre, son pre existentes al Estado. Cuando esta disfunción del Estado aparece, estaríamos hablando de una ruptura del gobierno o del Estado con su propia fuente de legitimación y origen.
Al subvertirse este orden o acuerdo, se incumple el pacto político o alianza celebrada, para gobernar y legitimar el poder. A esta fuente y legitimación de origen del Estado y sus poderes, se le conoce o se le denomina como el poder soberano, en el cual la sociedad expresa su voluntad y consentimiento a la existencia o no del Estado, de sus representantes y sus poderes.
El constitucionalismo contemporáneo o moderno reconoce e inserta a este poder social originario, como un acuerdo esencialmente de carácter civil el cual es expresado a través del sufragio o voto electoral para elegir la figura jurídica política de poder, sino también a sus representantes a quienes pueden también revocar, mediante los referéndum revocatorios. Jacques Rousseau, Montesquieu John Locke, Max Weber y otros catalogan a este poder originario, como esencialmente civil, derivado de la soberanía o voluntad popular interna de toda sociedad.
Esta soberanía o voluntad popular adquiere un carácter sacrosanto, que no puede ser ignorada por ninguno de los poderes constituidos por la sociedad, mucho menos por poderes contra mayoritarios, es decir que no hayan sido electos directamente por la sociedad. Esta (la elección) es la garantía que preserva el derecho político y civil del hombre como poder originario y fuente del Estado, cuya voluntad no puede ser suplantada o reemplazada por ningún poder constituido.
El poder soberano, es la voluntad popular, la cual tiene la primera y la última palabra, cuando emergen las crisis políticas y de poderes.
Ninguna fuerza excelsa, ningún poder de fuerza diferente a la voluntad popular, puede en consecuencia reemplazar a la voluntad popular, ya que caería en la concepción o noción primitiva del poder.
Todo poder es un presupuesto fáctico del derecho, pero el derecho es el fundamento esencial del poder político.