***Más de 32 personas han sido detenidas desde el 30 de julio hasta el 2 de agosto en Caroní, según reseñan medios de comunicación. ¿La causa? Haber participado en una manifestación opositora, tener imágenes en contra del gobierno en el celular o ser miembro de grupos de WhatsApp que expresan descontento con el gobierno.
Patricia Borgas, coordinadora de Foro Penal en Bolívar, afirmó que el número de detenidos en Caroní puede ser más alto que los 32 que tienen registrados, debido a la opacidad con la que se realizan los arrestos y el miedo que sienten los familiares de dar información. Como resultado de esto, la oenegé especializada en derechos humanos no ha logrado levantar una data completa.
El abogado y director de la organización Acceso a la Justicia, Alí Daniels, consideró que se trata de una ola represiva en la que se busca detener las movilizaciones opositoras usando para esto el miedo y la criminalización de la protesta. Ambos especialistas declararon que quienes son apresados por presunto “terrorismo” no tienen acceso a la defensa privada y son trasladados a la ciudad de Caracas para ser juzgados en grupos, vulnerando su derecho a un juicio individual.
En este contexto, Nicolás Maduro declaró recientemente que está habilitando dos cárceles en Caracas, especialmente para “guarimberos”.
Opacidad y temor: desconocen número real de detenidos
“Este tema es complejo. No tenemos un balance hasta el momento, hemos hecho reportes y estamos elaborando un balance. Han sido demasiadas detenciones a nivel nacional. Hay mucha desinformación y estamos trabajando en ello. Sobre el conteo de medios de comunicación, podría ser un aproximado, pero estaremos publicando un boletín oficial. Hay detenidos de El Dorado, Ciudad Bolívar, Upata y Puerto Ordaz”, expresó Borgas.
Según el último balance ofrecido por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, había más de mil personas detenidas por “guarimbear”, disfemismo usado por el Estado para referirse a las personas que manifiestan en las calles.
“Hay poca información. Los familiares muchas veces no manejan el contexto de cómo se dieron las detenciones y no se ha permitido defensa privada. Las víctimas no pueden escoger su abogado de confianza como lo establece la ley, y casi todas estas causas son designadas a un Tribunal Primero de Control especial en Materia de Delitos de Terrorismo y declinan a la ciudad de Caracas. Las personas son trasladadas a Caracas, al menos todas las denuncias que nosotros hemos recibido”, expresó la especialista.
Terrorismo: una causa para criminalizar la protesta
Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicase un cuestionado primer boletín de resultados correspondiente a los comicios del 28 de julio, los testimonios de represión y arrestos arbitrarios han ido en aumento. Guayaneses han denunciado persecución por parte de cuerpos de seguridad del Estado y grupos armados en el marco de la llamada Operación Tun Tun. Correo del Caroní conversó con parientes de una de las afectadas, Aixa Boada, cuya detención se dio en su vivienda en horas de la madrugada, sin orden de aprehensión y de manera violenta.
Aixa fue apresada por participar en una manifestación ciudadana, así como muchos jóvenes, incluso menores de edad, quienes enfrentan cargos de terrorismo.
“Estamos en una situación en la cual algunos expertos ya lo han catalogado como una suspensión de garantías de facto, en virtud de que se están haciendo detenciones por hechos que han ocurrido en días pasados y no hay flagrancia. Se ha tenido conocimiento de que tampoco se cuenta con una orden de captura emitida por un juez, a partir de allí, vemos una ola represiva que tiene objetivos específicos: muchachos muy jóvenes que estaban ejerciendo su legítimo derecho a protestar pacíficamente y, a pesar de ello, fueron objeto de represión”, declaró Daniels, especialista en derechos humanos.
Ciudadanos han denunciado a este medio que las aprehensiones pueden darse en la casa del afectado o en las calles, y el patrón incluye que no se ofrece información a la familia sobre dónde será recluida la persona, ni se entregan cuentas de cuáles son los cargos que debe enfrentar.
“Los casos que se han documentado acá en Boleíta, en ninguno se permitió el acceso de los familiares para que los pudieran visitar, lo que es un derecho que tiene cualquier detenido de recibir visita. Tampoco se ha permitido a los abogados privados que quisieran nombrar como sus representantes en el juicio que tuvieran acceso al detenido. En los casos donde ha habido audiencia, las cuales no se realizaron dentro de las 48 horas que establece la Constitución, se impuso la representación de un defensor público negándoles el derecho de nombrar un defensor privado. Todo esto viola el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa”, expresó el jurista.
El traslado hacia la capital para arrestados vinculados con quienes manifiesten contra el gobierno es una práctica de Estado, situación que hace más difícil para la familia tener contacto con el privado de libertad y supone mayores dificultades para la estrategia de la defensa. En 2023, sindicalistas detenidos por reclamar derechos laborales también fueros trasladados a Caracas a pesar de que sus causas estaban en Guayana.
“Los jueces no están cumpliendo con su labor de proteger a los detenidos. El juez no está solo para condenar delincuentes, sino también para velar porque sus derechos sean respetados. La información que tiene Foro Penal es que las imputaciones de los delitos que se están haciendo no se están individualizando, sino que de manera grupal, es decir, a todos los detenidos se les imponen los mismos delitos. La responsabilidad penal es individual, cada persona en expediente policial debe ser individualizada de los actos que se le están imputando. Lo que se está viendo es que a todos se les imputan los mismos delitos de manera genérica, sin que haya individualización de las conductas”, señaló el abogado.
Condena anticipada
Daniels señaló que en estos juicios se está condenando a las personas sin haber el debido proceso, toda vez que no se juzgan delitos individuales. “De una vez se está precalificando y condenando anticipadamente a las personas como terroristas y culpables. La pregunta es: ¿en este país, dónde el Poder Judicial ha sido cuestionado por el alto comisionado, la Misión de Determinación de Hechos y el propio fiscal de la Corte Penal Internacional; luego de que el propio presidente ha dicho que unas personas son terroristas, puede darse la posibilidad de que un juez se atreva a decir lo contrario? Ese es el problema de la situación actual”, cuestionó.
Sobre esto indicó que hay una violación del derecho a la responsabilidad penal individual, ya que el juicio no está evaluando conductas y hechos de la persona, sino que a todos los detenidos se imputan los mismos delitos.
“Uno dice bueno, esta persona fue imputada por terrorismo, pero lo que estaba haciendo era manifestando y diciendo consignas políticas, eso no es un acto de terrorismo. Hay un ejemplo que pone de manera grosera esta situación, reseñado por El Pitazo, una señora que con una harina PAN escribió la palabra libertad en una calle y ha sido imputada como iniciación al odio. ¿Cómo escribir con harina PAN la palabra libertad, alguien puede entender que sea incitación al odio? Por eso hay que individualizar la conducta para uno ver si la imputación tiene lógica o no. Se está criminalizando a la protesta y ahorita cualquier joven puede ser objeto de persecución”, finalizó Daniels.
Asimismo, el entrevistado indicó que hay funcionarios que se aprovechan de la situación para cometer extorsión y cobrar a los familiares por liberar al afectado. Con información del Correo del Caroní