Por Gabriel Pascuali.
– La agrupación de Nicolás Maduro ha lanzado una serie de acusaciones contra el candidato opositor Edmundo González, imputándole delitos como usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración.
Sin embargo, estas acusaciones forman una estrategia de persecución política para silenciar a uno de los principales opositores al régimen.
Desde la victoria, considerada fraudulenta, del 28 de julio, nos trasladamos al 30 de julio, momento en el que Maduro introduce un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para investigar las denuncias de fraude electoral.
Para el 31 de julio, Edmundo González participa en una concentración en protesta por la proclamación de Maduro. Poco después, el 2 de agosto, González explica que no asistirá al TSJ por miedo a perder su libertad.
Ya el 7 de agosto, González reitera su decisión de no comparecer ante el TSJ, argumentando que el Poder Electoral debe cumplir su función legal sin interferencias. El 10 de agosto el TSJ declara a González en desacato por no presentarse.
El TSJ ha sido acusado de abuso de poder al intentar usurpar las funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), según el artículo 294 de la Constitución de Venezuela, el CNE es el único con competencia para organizar y supervisar los procesos electorales.
Sin embargo, a fecha de hoy, 25 de agosto, el CNE no ha publicado las actas de escrutinio, lo que ha generado una ola de críticas y desconfianza.
Por su parte, el fiscal general, Tarek William Saab, anunció una investigación penal contra la oposición por la publicación de los resultados electorales en una página web, acusándolos de conspiración y otros delitos donde incluyen las más de 20 muertes en las recientes protestas.
González ha declarado: “El TSJ desde hace mucho tiempo dejó de ser un tribunal imparcial y al servicio de la Justicia para convertirse en el brazo ejecutor del presidente, Nicolás Maduro”.
¿Hasta cuándo permitirá la comunidad internacional que el régimen de Maduro utilice el sistema judicial para perseguir a sus opositores? GP.