Análisis estructural y funcional de las instituciones del sector público y privado, en ocasión del reciente gobierno de Estados Unidos, elaborado por Óscar Ceballos Abogado UCV. Politólogo MD. Especialización en Administración Pública. Ohio University Athens Ohio. Ex Inspector de Tribunales.
El Presidente Donald Trump, pretende gobernar a su país bajo el criterio de recetas gerenciales empresariales, constituye un grave error político.
El Presidente Donald Trump, a pesar de tener un abrumador apoyo social, ha iniciado su mandato con una especie de cogobierno empresarial, representado por los tres hombres más millonarios del mundo.
El Presidente Donald Trump parece ignorar o no tener conciencia que los objetivos, leyes y valores del sector público, son diferentes a los del sector privado.
A menudo, cuando un empresario toma el poder político, tiene una tendencia natural de “gerenciar” el país como una empresa y no gobernar el país políticamente como un Estado.
Los estudios teóricos y prácticos sobre el sector privado y el sector público, demuestran que la administración de ambos sectores, se realizan bajo criterios conceptuales muy diferentes, debido a la naturaleza de sus objetivos. Sin embargo, ambos pueden intercambiar sus herramientas de administrarse en forma relativa, pero legal, para lograr la eficacia y eficiencia en el logro de sus objetivos, sin desmantelar la infraestructuras fundamentales propias de cada sector, so pena de causar una crisis empresarial o una crisis de gobierno, según sea el caso.
Si bien un gobierno o un Estado democrático mantiene su existencia y gobernabilidad, en base a la efectividad de su infraestructura económica privada, esta sin embargo, no decide, ni funciona, ni gobierna políticamente a un Estado democrático.
El poder del Estado es un Poder Público que se sostiene y se caracteriza, por tener una Constitución, instituciones, valores y leyes públicas por las cuales se rige. Todo gobierno obedece su existencia solo y únicamente por la legitimación social, salvo excepciones de gobiernos de fuerza. Mientras que el poder del sector privado debe su existencia al “capital invertido”, donde sus recursos, objetivos y fines son limitados, sin importar el capital que puedan tener.
Las diferencias entre ambos sectores nos conducen a la existencia de un interés público y de un interés privado inexorable, pero que coexisten necesariamente en la ficción jurídico política llamado Estado.
El reciente nombramiento del Presidente asignándole a un multimillonario, la tarea de depurar y lograr la eficiencia gubernamental, es una receta empresarial equivocada, que resultará Impráctica e ilegal y con consecuencias políticas, en un Estado, donde el Federalismo es una serpiente de muchas cabezas, contra el centralismo y los absolutismos Presidenciales.
El Federalismo establecido por la Constitución, está apoyado por el Poder Legislativo y defendido por el Poder Judicial, como una filosofía que garantiza los intereses y valores sociales de cada constituyente en cada Estado de la Unión llamada Estados Unidos.
La recién creada Oficina de Eficiencia Gubernamental, traerá más costos políticos y legales que ahorros presupuestarios y eficiencia gubernamental.
El suscrito personalmente presenció académicamente, que el Federalismo, es la “piedra angular” de la independencia, política, legislativa, judicial, económica y religiosa de estas instituciones y no funcionan como accesorios del Poder Ejecutivo, siendo esta independencia de los poderes y también de los partidos políticos lo que destacan la democracia representativa en Norteamérica.
Algunos analistas políticos hablan actualmente de una mayoría en la Cámara de Representantes, en el Senado y en el Tribunal Supremo de Justicia, pero esto es relativamente cierto, ya que en estas instituciones priva la independencia de los poderes constituidos, incluyendo a la organización política afín al Presidente. El caso del Presidente Richard Nixon, la investigación del Presidente Bill Clinton, son ejemplos de qué la mayoría político partidista ni los poderes constituidos, obedecen a una línea de partidos ni a solidaridades automáticas, sino a la Constitución y las leyes.
La reciente confirmación del designado Secretario de Defensa, la tuvo que desempatar el Vicepresidente, ya que un Senador Republicano objetó dicha designación Presidencial.
El Presidente Donald Trump hasta ahora, le han suspendido dos de los Decretos Ejecutivos firmados por él, suspensión ordenadas por Tribunales Federales.
El Ejecutivo Nacional y su Staff han anunciando que apelarán con un “Impeachment político” para destituir a estos Jueces, olvidando la sacrosanta independencia de la separación de poderes. Alega también el Staff Ejecutivo y el mismo Presidente, que la sociedad norteamericana lo eligió para que él cumpliera lo prometido en su campaña, pero olvidando que el Presidente deberá de cumplir y actuar de acuerdo con la Constitución y las leyes, ademas, de ser acuerdos políticos bipartidistas.
El Presidente Donald Trump piensa que su “éxito empresarial” lo puede trasladar a la Casa Blanca, gerenciado el país como a una empresa, así lo han expresado los empresarios millonarios que han sido designados, olvidando que el “establishment” del Poder Público, es diferente a la del sector privado. Una gran mayoría de las leyes de política, programas y Agencias, como así se le llama a los organismos creados para gobernar, obedecen al consentimiento bipartidista, ya que la autoridad y el consentimiento no se encuentran en una sola persona, sino diseminadas en varías órganos del Poder Público. Mientras que el poder del sector privado la “autoridad” si es fácilmente localizable en el top jerárquico de la organización empresarial. Sus presupuestos, las del sector privado, funcionan más eficiente, no sólo por el tamaño de los organizaciones y de sus objetivos, sino porque la toma de decisiones lo decide la cúpula de accionistas de una empresa determinada. Mientras que la presentación y aprobación presupuestaria de un Estado, está sujeta a los acuerdos bipartidistas, luego de un intenso lobby en las comisiones respectivas del Congreso.
El suscrito observa que el Poder Legislativo y el Poder Judicial, han venido manteniendo una especie de silencio cauteloso, ante la multiplicidad de órdenes y decretos ejecutivos dictados por el Presidente, como esperando que pase su luna de miel en el poder. El suscrito intenta destacar en este artículo que en las organizaciones políticas y empresariales, la gerencia y la eficacia, son diferentes. En el sector empresarial una herramienta natural, es la rápida gerencia, debido a que la autoridad decisiva está localizada en una o pocas personas, mientras que la autoridad en el sector público, priva la decisión burocrática, debido a que la autoridad no se encuentra en una sola persona, sino en varías instituciones de carácter político, legislativo, judicial y político, que no pueden ser ignorados, sin confrontar problemas legales, violaciones de derechos y crisis políticas, que de no corregirse a tiempo traerán una grave crisis de gobernabilidad, similar a la administración del Presidente Nixon.
El suscrito intenta también demostrar, que la legitimación social no es una Patente de corso que autoriza la violación del Estado de Derecho por el Ejecutivo Nacional.