*** La brecha entre las cifras oficiales y los testimonios de sobrevivientes revela un escenario de violencia extrema con saldo de heridos masivos y presunto uso de explosivos en yare
Caracas – El conflicto penitenciario en el estado Miranda ha escalado a niveles alarmantes tras conocerse nuevos testimonios que contradicen la versión oficial de una «riña» aislada. Mientras el Estado venezolano reconoce inicialmente cinco fallecidos en el centro de máxima seguridad Yare III, reportes de periodistas en la zona y familiares de los internos describen una operación de represión brutal que habría dejado un saldo de víctimas considerablemente mayor al admitido por las autoridades.
Testimonios de una jornada de sangre y fuego
La narrativa institucional de un enfrentamiento entre bandas ha sido duramente cuestionada por el periodista Carlos Azuaje, quien calificó lo ocurrido en Yare como una «verdadera masacre» bajo un velo de ocultamiento gubernamental. Según Azuaje, la cifra de víctimas fatales ascendería a nueve personas, sumando además un número crítico de 260 heridos. El comunicador denunció que la situación se agrava por el bloqueo de alimentos para los reclusos y el aislamiento total impuesto por el Ministerio del Servicio Penitenciario bajo la gestión de Julio García Zerpa.
Este reporte coincide con los relatos desgarradores de los familiares que pernoctan a las afueras del penal. Testigos presenciales aseguran haber escuchado ráfagas prolongadas de disparos y el estruendo de al menos una explosión de granada durante la madrugada del lunes. Estas versiones apuntan a una intervención masiva de los organismos de seguridad que, lejos de mediar, habrían aplicado una fuerza desproporcionada contra la población penal, incluyendo a procesados y presos políticos que conviven en el mismo complejo.
El sistema de custodia bajo la lupa jurídica
Para el abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres, quien también estuvo presente en las inmediaciones del recinto, el Estado venezolano es responsable directo por la vida de quienes se encuentran bajo su tutela. Torres rechazó de manera categórica el comunicado oficial que tilda a los fallecidos únicamente como delincuentes de bandas organizadas, recordándoles a las autoridades que incluso los penados gozan de derechos humanos inalienables.
«En este complejo las requisas son permanentes; los internos no tienen acceso ni a objetos básicos, por lo que la tesis del enfrentamiento armado interno carece de sustento frente a la realidad de las intervenciones estatales», afirmó el jurista.
La defensa denuncia que estas instalaciones se han convertido en centros de trato cruel e inhumano, donde la desinformación es utilizada como una herramienta de tortura psicológica contra las familias que esperan noticias en la entrada de los penales.
El colapso sistemático entre yare y el rodeo
La tragedia en Yare se suma al fallecimiento de Deivi Enrique García y Ovidio José Madriz Mendoza en los internados judiciales El Rodeo III y IV. A diferencia del estrépito de las armas en Yare, en El Rodeo la muerte llega de forma silenciosa a través de paros respiratorios derivados de la desnutrición y la falta de agua potable. El Observatorio Venezolano de Prisiones subraya que esta simultaneidad de eventos evidencia un patrón de abandono sistemático que afecta a toda la infraestructura carcelaria del estado Miranda.
La organización ha insistido en que las nuevas edificaciones, como El Rodeo IV, están reproduciendo los mismos vicios y carencias sanitarias que las cárceles más antiguas, lo que ha llevado a elevar estos casos ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU.
Exigencia de transparencia y rendición de cuentas
Ante la gravedad de las denuncias de represión masiva y el reporte de centenares de heridos, la sociedad civil y los representantes legales exigen que la administración de Delcy Rodríguez y el Ministerio Público permitan el ingreso de una comisión internacional autónoma. La urgencia radica en verificar el estado de salud de los sobrevivientes y garantizar que el derecho a la visita familiar, actualmente suspendido sin planificación previa, sea restituido de inmediato para frenar la zozobra que consume a los allegados de los privados de libertad.