Ciudad Guayana (Prensa Walter Márquez / CNP 8235) – Una nueva batalla contra la inseguridad jurídica en el estado Bolívar se trasladó formalmente a la Fiscalía del Ministerio Público, este martes 26, cuando el Diputado jubilado, presidente de la Fundación el Amparo y defensor de derechos humanos, Walter Márquez, junto a su abogada y esposa, la Dra. Ana Hernández, acudieron a la sede de la Fiscalía Primera en Puerto Ordaz para consignar una denuncia penal contra lo que califican como un atropello institucional sin precedentes, la pretensión de confiscar ilegalmente por la vía de una falsa expropiación, 190 apartamentos del Conjunto Residencial «Doña Paulina».
La acción legal señala directamente a Oleg Oropeza, administrador de la comercializadora Friosa y jefe de la Misión Alimentación en la entidad y a varios altos representantes de la misión Vivienda y Habitat en la región, como responsables de esta acción contra la propiedad privada. Según el expediente consignado ante el Ministerio Público, se acusa a Oropeza y su combo de ser el autor de un montaje judicial que busca despojar de sus bienes a los legítimos constructores de la obra, los hermanos García Armas, bajo el pretexto de vincular este urbanismo privado con la vieja expropiación de la red de alimentos Friosa, ejecutada en el año 2010.
El complejo de viviendasConjunto Residencial “Doña Paulina”, ubicado en el sector Las Peonías de Unare, justo al lado de la avenida Atlántico, se encuentra en el epicentro de una disputa donde la defensa técnica de los propietarios asegura que el funcionariado local actúa al margen de la ley.
Las pruebas consignadas ante el Ministerio Público
La Dra. Hernández y el exparlamentario Márquez presentaron ante el despacho fiscal un dossier documental que desarticula los argumentos utilizados por Oropeza. Comenzando por demostrar que el Decreto N° 7.703 de expropiación de Friosa fue emitido en octubre de 2010 y reformado en 2012. Mientras que el Conjunto Residencial Doña Paulina comenzó a levantarse en el año 2015, por lo que es imposible vincular un decreto del pasado con bienes que ni siquiera existían cuando se dió la expropiación. Igualmente en el escrito se deja sentado que la obra se construyó con un financiamiento bancario y no con supuestos recursos de la misión vivienda, como aducen los que pretenden apropiarse del conjunto.
De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por los denunciantes tras salir de la Fiscalía, este caso ya tiene un intento de invasión en los apartamentos, repelida por la propia Fiscalía. Por lo que es fuera de lugar que funcionarios gubernamentales encabezados por Oropeza pretendan ahora valerse del decreto expropiatorio ya mencionado.
Próximas acciones en Caracas y Embajada Norteamericana
Márquez fue enfático en señalar que el caso de “Doña Paula”en Las Peonías de Unare no se detendrá en las instancias regionales, pues notificó formalmente a los medios que, durante el transcurso de esta misma semana, se trasladarán a la capital de la república para introducir formalmente la misma denuncia ante la Fiscalía General de la República.
Asimismo, y con el fin de garantizar un debido proceso ante la desconfianza en los entornos judiciales locales, se enviará una copia fiel y certificada de la denuncia a la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de su delegación diplomática, para activar mecanismos de alerta e inspección internacional.