***El Comité de DDHH rechaza la política de bonos del Ejecutivo por discriminar a la tercera edad frente a los trabajadores activos
Ciudad Guayana (Redacción) — Los adultos mayores del estado Bolívar salieron a la calle este 29 de mayo para transformar el Día del Adulto Mayor en una jornada de protesta y exigencia legal. Integrantes del Comité de Derechos Humanos en defensa de los jubilados, pensionados, sobrevivientes, discapacitados y adultos mayores de la región consignaron documentos ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y la Defensoría del Pueblo para denunciar la «violación sistemática» de sus derechos constitucionales.
Yanrichar Rosas, Coordinador de Eventos de la organización y Vocero de la Plataforma Ciudadana por Venezuela en el municipio Caroní, calificó la situación actual de los pensionados como una «condena a la indigencia y a la inanición». Rosas denunció que el sector vive una discriminación flagrante que pulveriza el esfuerzo de toda una vida laboral.
Cuatro años de congelación salarial
La protesta se fundamenta en el colapso absoluto del ingreso básico en el país. El vocero recordó que desde el 15 de marzo de 2022 el Ejecutivo nacional mantiene congelado el salario mínimo legal en 130 bolívares. Esta cifra, debido a la devaluación acumulada, equivale hoy a apenas 0.2 centavos de dólar al mes.
«Tener un ingreso mensual de 20 centavos de dólar significa no tener absolutamente nada para comer ni para comprar medicinas. Nuestros adultos mayores están sobreviviendo gracias a la caridad pública y a las remesas familiares», fustigó Rosas.
Discriminación ilegal del ingreso
El dirigente gremial cuestionó con dureza la actual política gubernamental de sustituir el salario por bonos indexados, una práctica que califica de inconstitucional porque elimina el cálculo de prestaciones, vacaciones y aguinaldos.
Rosas detalló la profunda brecha y discriminación que aplica el Estado según la categoría del ciudadano:
• Trabajador activo: Recibe un ingreso mínimo de subsistencia de 240 dólares.
• Jubilado de la administración pública: Se le asignan 168 dólares.
• Pensionado del IVSS: Apenas percibe 70 dólares mensuales a través de un bono de protección social.
El comité advierte que fijar un ingreso de 70 dólares para los pensionados, cuando los propios activos reciben 240 dólares, representa una abierta discriminación por razones de edad, expresamente prohibida en el ordenamiento jurídico venezolano. Además, señalaron que la canasta alimentaria de abril de 2026 cerró por encima de los 730 dólares, lo que demuestra que incluso el ingreso más alto es insuficiente para cubrir la subsistencia real.
El sustento legal y constitucional
El documento entregado a las autoridades regionales se apoya en un sólido bloque constitucional que, según los denunciantes, el Ejecutivo nacional ignora de forma flagrante:
• Artículo 80 (CRBV): Establece taxativamente que las pensiones y jubilaciones no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano.
• Artículo 91 (CRBV): Obliga al Estado a garantizar un salario mínimo vital que tome como referencia el costo de la canasta básica para permitir vivir con dignidad.
• Artículo 21 (CRBV): Consagra el derecho a la igualdad ante la ley.
• Artículo 89 (Numeral 5): Prohíbe de forma absoluta cualquier tipo de discriminación laboral o social por motivos de edad.
Un patrón histórico de evasión
Rosas trazó un paralelismo histórico con la crisis económica de 1994. Recordó que en esa oportunidad el gobierno de turno también congeló el salario mínimo en 15.000 bolívares y recurrió a bonificaciones (de 50.000 y 75.000 bolívares) para evadir la homologación exigida por los pensionados desde 1991.
«En los años noventa los pensionados tomaron las calles y forzaron la homologación de sus ingresos con los trabajadores activos. La historia se repite hoy, y la respuesta del movimiento de la tercera edad será la misma: la exigencia firme en las instituciones y la movilización pacífica», concluyó el vocero en Ciudad Guayana.