*** La masa laboral invoca el «superprivilegio» de sus créditos frente al litigio entre Bancoex y la directiva privada, aclarando que no piden la nacionalización sino el rescate productivo de la planta
Ciudad Guayana (GM/CNP 8235) – Trabajadores de la empresa Suministros de Aluminio C.A. (Sural) y de su filial Conductores de Aluminio (CTA) exigieron al Ejecutivo Nacional la instalación de una mesa técnica interinstitucional para ejecutar una sentencia judicial que data de 2016. La medida busca resolver un conflicto laboral que afecta directamente a los operarios, quienes suman casi una década sin percibir salarios ni beneficios contractuales.
Winder González, secretario de organización del sindicato de Sural, informó que el Banco de Comercio Exterior (Bancoex) reactivó el proceso legal contra la empresa debido al impago de un préstamo cuya garantía prendaria son las propias instalaciones de la planta, ubicadas en la zona industrial de Matanzas. Según el cronograma procesal presentado por la dirigencia, el pasado 12 de diciembre de 2025 el banco solicitó la ejecución voluntaria del crédito y, ante la comparecencia nula de la directiva privada —encabezada por Alfredo Rivieri Villamizar—, la entidad financiera procedió a solicitar la ejecución forzosa el 27 de abril de 2026, medida que fue ratificada por los abogados de la institución bancaria ante los tribunales el pasado 2 de junio.
El representante sindical aclaró que la masa laboral no está solicitando la nacionalización de la empresa, sino que la reactivación productiva se ejecute bajo la tutela del Ministerio del Proceso Social de Trabajo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. González fundamentó la solicitud en el principio de superprivilegio de los créditos laborales, contemplado en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los artículos 150, 151 y 248 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), los cuales establecen que las deudas con el personal deben liquidarse con prioridad absoluta antes de honrar compromisos con acreedores bancarios.
Reducción de personal y estatus de reenganches
El drama humano es inocultable. De una nómina original de 432 operarios que hacían vida en la planta, apenas resisten unos 150. El resto se diluyó en la diáspora, el comercio informal o el desespero. A ellos se suman los trabajadores de la empresa hermana CTA (Conductores de Aluminio), afectados por el mismo esquema y el mismo patrono: el empresario Alfredo Rivieri Villamizar. «Estos trabajadores que usted ve aquí no cobran nada desde hace muchísimo tiempo. Si ellos percibieran algo ahorita, para ellos es ganancia… Es el grito de los trabajadores que están diciendo: ‘Necesito volver a mi puesto de trabajo, necesito dignificar a mi familia'», manifestó con voz firme pero cargada de contención Winder González, secretario de organización del sindicato de Sural, durante un encuentro con los medios de comunicación locales.
El laberinto legal: Una deuda con el Estado que pagaron los obreros
La raíz del conflicto se remonta a los años de opulencia industrial. Sural recibió financiamiento del Banco de Comercio Exterior (Bancoex), una deuda que la directiva privada jamás honró. En diciembre de 2016, una sentencia del magistrado ponente Guillermo Blanco Huasque ratificó el incumplimiento y abrió las puertas para que los activos de la empresa pasaran a formar parte del erario público.
Sin embargo, el expediente quedó engavetado en los pasillos de la burocracia por casi diez años, un retraso que González atribuye a «intereses oscuros».
El panorama procesal dio un giro radical recientemente:
12 de diciembre de 2025: Bancoex solicitó formalmente la ejecución voluntaria del préstamo. Ante el silencio de la empresa, el lapso venció sin respuestas.
27 de abril de 2026: La entidad bancaria estatal solicitó la ejecución forzosa.
2 de junio de 2026: Los abogados de Bancoex acudieron nuevamente a los tribunales para exigir la ratificación y decreto definitivo de la medida forzada sobre las instalaciones que servían de garantía.
En el ámbito administrativo, los trabajadores denunciaron la existencia de un silencio administrativo por parte de la Inspectoría del Trabajo «Alfredo Manero» de Ciudad Guayana. Ante esta situación, una delegación sindical se trasladó a Caracas a finales de mayo para consignar la documentación correspondiente ante la Procuraduría General de la República y el Ministerio del Trabajo. De acuerdo con las declaraciones del sindicato, el inspector nacional de las inspectorías, Ángel León, ratificó que el Estado mantiene vigentes e irrevocables las 96 órdenes de reenganche emitidas a favor de los operarios, mientras que otros 50 trabajadores permanecen en expectativa legítima para el cobro de sus prestaciones sociales.
La agenda inmediata del comité de trabajadores contempla una nueva movilización a la ciudad capital para incorporar a la Defensoría del Pueblo como tercera parte interesada en el proceso y forzar una audiencia con el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica.
Capacidad técnica y propuesta de reactivación para rescatar el servicio eléctrico
La propuesta de la representación obrera para la conformación de la mesa interinstitucional plantea la integración de los ministerios de Trabajo, Industrias y Producción Nacional, Energía Eléctrica, además de la Procuraduría General y Bancoex. El objetivo central es la reactivación de una línea de producción que posee una capacidad nominal de diseño para fabricar hasta 20 kilómetros diarios de conductores eléctricos.
La urgencia de reactivar Sural trasciende el conflicto laboral; es una necesidad estratégica para el país. Winder González enfatizó que la factoría es la única en la región con capacidad real de exportación y la única en el país que fabrica un conductor especial subacuático con centro de acero, revestimiento de aluminio y un sistema de engrasado anticorrosión diseñado para soportar las condiciones de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo y del estado Nueva Esparta, con una vida útil de hasta 60 años.
Respecto a la histórica escasez de materia prima —que en 2018 sirvió de argumento patronal para enviar a los empleados a sus casas bajo la promesa de resguardar los puestos por razones de ahorro energético—, el sindicato asegura poseer la solución técnica. Aunque la estatal CVG Venalum mantenga sus limitaciones operativas, Sural cuenta con la tecnología para procesar el «aluminio de alto hierro» o escoria de desecho acumulado en los patios de las empresas básicas, transformándolo en alambrón sin dañar sus hornos de retención.
Una luz de esperanza se asomó el pasado miércoles, cuando los trabajadores que hacen guardia en las afueras de los portones para evitar el desvalijamiento de los activos observaron cuadrillas realizando labores de mantenimiento. Las fachadas fueron pintadas, la señalización vial renovada, los techos reparados y los sistemas eléctricos de seguridad restituidos. El abogado a cargo de la empresa en el sitio les aseguró que la maquinaria interna permanece intacta, tal como se dejó el día del cierre.
Tras diez años de procesiones judiciales, hambre acumulada y resistencia civil, los obreros de Sural sienten que están a las puertas de una solución definitiva. La ley y los tribunales parecen haberles dado la razón histórica; ahora queda en manos de la voluntad política del Ejecutivo transformar las sentencias en papel en el rugir de los motores y en el sustento digno que sus familias esperan desde hace una década.