Por: Yanitza Martínez
El ejercicio del periodismo en contextos de crisis es, por antonomasia, un espejo incómodo para el poder. Pese al pretendido «nuevo momento político» que exhibe el ecosistema institucional venezolano —caracterizado por una estratégica apertura internacional y el otorgamiento de visados a corresponsales extranjeros antes vetados—, los hilos de la intolerancia y el dogma oficialista siguen firmemente anclados a las viejas costuras del control social. La reciente rueda de prensa en la Base Aérea La Carlota, convocada tras el devastador doblete sísmico que sacudió al país, no hizo más que desnudar la vigencia de una narrativa gubernamental que penaliza la disidencia informativa y el cuestionamiento riguroso.
Someter a la prensa a más de cinco horas de retraso no es un mero asunto de agenda; es una declaración de jerarquía. La sala de prensa habilitada se convirtió en el escenario de un guion predecible. Mientras el funcionariado despachaba con palmadas paternalistas las preguntas fuera de micrófono sobre las listas de desaparecidos, la seguridad militarizada imponía sus protocolos. El acceso a la palabra estuvo rígidamente administrado de decenas de comunicadores, solo cinco de corporaciones mediáticas internacionales recibieron el beneplácito para interrogar. Sin embargo, el blindaje logístico no bastó para contener la fuerza de los hechos que los reporteros traían consigo desde el fango y las ruinas de La Guaira y Macuto.
Cuando el periodismo cumple su función de contrastar el discurso con la realidad, el poder tutelado suele apelar a su viejo manual de defensa; la teoría de la conspiración. Ante las interrogantes de periodistas como María Martín (El País) y Julio Vaqueiro (Telemundo) sobre la tardanza, descoordinación y el despliegue de fusiles en lugar de palas, la respuesta de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, fue el repliegue ideológico. Calificar de «laboratorios mediáticos» las denuncias de comunidades que pasaron las primeras 72 horas desasistidas no solo es un agravio a la profesión; es una preocupante invalidación del sufrimiento de las víctimas.
La brecha entre el relato oficial y la zona cero es abismal. Mientras la mandataria sostenía que la desatención «no existe», el registro ciudadano y periodístico documentaba a comunidades removiendo escombros con las manos y costeando inspecciones para desenterrar a sus difuntos. La incomodidad gubernamental fue tal que el aplauso interno de figuras como Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello pretendió actuar como un muro de contención acústica, coronado por el oportuno apagado de micrófonos cuando el debate exigía repreguntas.
Esta cobertura deja una lección profunda. La sofisticación del discurso y las concesiones tácticas a la prensa internacional se derrumban cuando la terca realidad de una tragedia colectiva emerge. El periodismo no complaciente demostró en La Carlota que su valor no reside en la venia del gobernante, sino en su capacidad para dar voz a quienes el poder prefiere mantener invisibles. Al final del día, los tímidos aplausos de felicitación entre colegas, dados tras bastidores y en voz baja, confirmaron que, en tiempos de censura y reconstrucción, la rigurosidad sigue siendo el acto de valentía más indispensable.