(Especial) El descontento y la indignación crecen en el corazón de las industrias básicas de Guayana, el dirigente sindical Ramón Chacín, respaldado por la base trabajadora del sector hierro y acero, ha levantado una firme voz de protesta desde el estado Bolívar para denunciar la grave crisis laboral y de seguridad que enfrentan en CVG Ferrominera Orinoco (FMO).
Con esta acción, Chacín busca alertar a la opinión pública nacional e internacional sobre un esquema operativo que, según afirma, pulveriza el salario de la clase obrera mientras preserva los negocios de capitales extranjeros.
La denuncia presentada por Chacín, dirigente Sindical del sector hierro de Guayana y exsecretario de Organización del Sindicato de Trabajadores de la Planta de Pellas de Toppca (Sutratoppca), apunta de manera directa al impacto de las alianzas comerciales de la estatal venezolana, señala que la contratación de la corporación transnacional JINDAL, a través de su brazo operativo en la zona, VISCO ORINOCO, ha priorizado inversiones millonarias exclusivamente en equipos e infraestructura destinados a la extracción rápida y el despacho de mineral de hierro hacia sus complejos siderúrgicos en la India.
Bajo esta premisa advierte que esta intensa actividad exportadora —lejos de traducirse en una recuperación integral de las plantas o en mejoras socioeconómicas para el personal— ha profundizado la brecha de desigualdad: El hierro genera grandes divisas, pero los trabajadores reciben salarios de miseria.En su carácter de líder sindical, expone que actualmente miles de ferromineros han sido reducidos a simple mano de obra barata, laborando bajo condiciones de alto riesgo y con beneficios contractuales prácticamente extintos.
Chacín evidencia que la realidad de la planta se sostiene sobre la asignación de salarios de subsistencia y remuneraciones devaluadas que no cubren la canasta básica alimentaria, un escenario que empeora debido al pago discrecional de bonificaciones otorgadas de forma esporádica, sin criterios técnicos transparentes y bajo un marcado esquema de desigualdad interna.
A este panorama, suma el incumplimiento sistemático de los derechos históricos conquistados por la clase obrera, cuya convención colectiva fue desaparecida de la práctica institucional hace años.
El dirigente también denuncia que el abandono estatal se refleja en una inseguridad industrial severa, caracterizada por el deterioro progresivo de las instalaciones, la falta de dotación de equipos de protección personal y la ausencia de condiciones mínimas de salud.
Todo esto ocurre, según alerta Chacín, bajo el secuestro de la autonomía sindical, lo que deja a los trabajadores sin una representación independiente y democrática que pueda defender eficazmente sus derechos frente a la patronal y las firmas asociadas.
“El hierro de Guayana debe transformarse en bienestar colectivo para Venezuela y para quienes diariamente lo producen con su esfuerzo, no únicamente en ganancias para intereses particulares y corporaciones extranjeras», reza el manifiesto de denuncia emitido por Ramón Chacín.
Exigencias urgentes e inaplazables
Ante lo que califica como un desmantelamiento progresivo de la dignidad, la dirigencia sindical encabezada por Ramón Chacín exige de forma inmediata una auditoría pública e independiente que revise exhaustivamente todos los contratos suscriptos con empresas extranjeras, de la mano con una rendición de cuentas transparente sobre el destino de los ingresos obtenidos por la explotación masiva del mineral.
Asimismo, considera imperativo convocar a elecciones sindicales libres y democráticas para relegitimar liderazgos comprometidos con el respeto pleno a la libertad sindical y el rescate de la contratación colectiva.
Chacín y la base trabajadora exigen la restitución de sueldos y beneficios anclados a la productividad real de la empresa, asegurando que las remuneraciones correspondan a las altas ganancias que genera la actividad minera actual.
El pliego de peticiones concluye con el reclamo de condiciones de trabajo dignas y seguras, acompañadas por la homologación equitativa en el pago de bonos, recordando que el desarrollo de Venezuela no puede seguir construyéndose sobre la base de la precarización y el hambre de quienes sostienen la industria más importante de la región. El hierro venezolano es, y debe seguir siendo, patrimonio de la Nación.¡Por la dignidad obrera, la transparencia y la defensa de nuestra soberanía productiva!