El Correo Financiero. El reloj marcaba exactamente tres meses desde aquel 16 de marzo de 2026, el día en que la Junta Directiva del Colegio de Abogados del Estado Bolívar introdujo una solicitud de reunión ante el Despacho Rectoral de los jueces en la entidad. Noventa días de silencio institucional que terminaron rompiéndose el pasado 16 de junio, cuando las puertas del Palacio de Justicia finalmente se abrieron para dar paso a un encuentro tan necesario como urgente.
La cita no era un simple acto protocolar. La comitiva gremial, encabezada por su presidente, el Abg. Félix Istúriz, junto al tesorero José Gregorio Meignen y el secretario Gustavo Caro Porras, y el responsable de la Comisión de derechos Humanos del gremio, Javier González, acudía con un pliego de realidades asfixiantes bajo el brazo. Al otro lado de la mesa aguardaba la Dra. Maye Andreina Carvajal, Juez Rectora encargada del estado Bolívar.
Un diagnóstico crudo sobre la mesa
Quienes asistieron al encuentro (los directivos declarantes) describen una atmósfera de respeto, pero de absoluta firmeza. Los representantes del gremio no titubearon al exponer la radiografía de una crisis que se respira a diario en los pasillos de los tribunales.
« Fallas institucionales y éticas », fue el primer término que resonó en el despacho, desglosado en un retardo procesal que muta en denegación de justicia, falta de probidad y prácticas que los litigantes no dudan en calificar como « terrorismo judicial ». El inventario de denuncias continuó con los vicios legales, abusos de poder y el desorden crónico en las causas, señalando directamente el error inexcusable de algunos jueces y secretarios que dictan decisiones de espaldas a los criterios vinculantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Pero quizás el punto más sensible de la tarde fue el clamor por el respeto humano y profesional. El gremio denunció el maltrato hacia el abogado en ejercicio y lo que consideran una «inadmisible criminalización de la profesión». A esto se sumaron las exigencias logísticas: la necesidad imperiosa de que las audiencias de juicio y control comiencen a la hora convocada, la urgencia de que los fiscales del Ministerio Público cumplan con puntualidad sus responsabilidades, y el visible deterioro de una infraestructura tribunalicia sin internet, sin equipos de computación adecuados y con servicios básicos en estado crítico (varios baños sin agua) .
La promesa institucional y la obligatoriedad de la ley
La Dra. Maye Andreina Carvajal escuchó con atención detallada cada reclamo. Lejos de la evasiva, la Juez Rectora asumió el compromiso institucional de revisar minuciosamente los casos, realizar el debido seguimiento a las denuncias e informar oportunamente al Colegio sobre las acciones correctivas.
Para que el canal no vuelva a obstruirse, ambas instituciones acordaron realizar reuniones periódicas y designaron al Abg. Javier González como el enlace oficial para mantener la fluidez en las comunicaciones.
Asimismo, la Junta Directiva dejó sobre la mesa un recordatorio legal ineludible: de acuerdo con la Ley de Abogados, todo funcionario que labore en el Palacio de Justicia en condición de profesional del derecho tiene la obligación de estar inscrito en el Colegio de Abogados del Estado Bolívar, pues en caso contrario se está violando la Ley en el propio templo que debe velar por su cumplimiento.
*Centralización vs. Desconcentración :
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El dilema del tiempo
Tras el encuentro, la directiva del Colegio reflexionó sobre la naturaleza de este acercamiento. Aunque en teoría el sistema judicial en Bolívar se rige por la figura de la «desconcentración administrativa» —lo que teóricamente debería simplificar los trámites y acortar las respuestas en comparación con la rígida centralización pura del Estado—, la realidad determinó que tres meses para una primera audiencia es una dilatación excesiva. Una variable que, según los declarantes, debe corregirse de inmediato en lo sucesivo: pues es una simple muestra de como cada proceso parece eternizarse en las salas judiciales, contrariamente a lo que establecen principios como la celeridad procesal y garantía a los derechos humanos de procesados, litigantes y cualquier ciudadano que acuda en busca de justicia.
A pesar de la larga antesala, la directiva dejó constancia de la amable receptividad por parte de la Dra. Carvajal. Se ha abierto una grieta de diálogo interinstitucional orientada a devolverle la dignidad al ejercicio del derecho en la región. No obstante, la advertencia del cierre de jornada por parte de las autoridades del Colegio fue clara: se mantendrán firmes y vigilantes. La diplomacia gremial ha comenzado, pero la contraloría no descansará, como lo establece la Constitución Bolivariana, la Ley de Abogados y su Reglamento. (CNP 8235).