Washington DC – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) expresan su profunda preocupación por los impactos de la minería ilegal y otras actividades ilícitas en la vida, la salud y la supervivencia del pueblo Yanomami en el Arco Minero del Orinoco. Ante la creciente violencia, la propagación de enfermedades infecciosas y la degradación ambiental, Venezuela debe tomar medidas inmediatas y concretas para proteger los derechos humanos del pueblo Yanomami mediante un enfoque culturalmente adecuado.
Según los líderes yanomami, la presencia de mineros ilegales (garimpeiros) y las incursiones de grupos brasileños y colombianos vinculados a economías ilícitas han alimentado la violencia en los estados de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Esta situación ha provocado desplazamientos generalizados, trata con fines de explotación sexual y otras formas de esclavitud, que afectan especialmente a adultos mayores, niños y mujeres. En consecuencia, las formas de vida tradicionales e incluso la propia existencia del pueblo yanomami están amenazadas.
Además, una grave crisis sanitaria está agravando la vulnerabilidad de las comunidades indígenas amazónicas. Los informes indican que las fuentes de agua están contaminadas con mercurio, lo que ha alterado las actividades de caza y pesca, agravando la desnutrición. Además, las comunidades se enfrentan a una mayor exposición a enfermedades como infecciones respiratorias, tuberculosis, diarrea, hepatitis e infecciones de transmisión sexual. Según los propios registros del pueblo yanomami, la malaria por sí sola se ha cobrado la vida de al menos 390 yanomami en los últimos dos años.
Estos hechos coinciden con la violencia documentada por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en el Arco Minero del Orinoco. Entre 2014 y 2022, esta Misión registró 832 muertes violentas, incluidas 237 presuntamente cometidas por agentes del Estado, 96 posibles desapariciones, 107 casos de presunta tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como 729 violaciones de la libertad por parte de particulares y grupos ilegales.
De acuerdo con los estándares interamericanos de derechos humanos, los pueblos indígenas tienen derecho a una protección especial de su integridad física, psicológica y cultural, que les permita vivir libres de violencia, discriminación y explotación. Esta protección implica salvaguardar su cultura, territorio y libre determinación, que son esenciales para su identidad, bienestar y supervivencia. Por ello, Venezuela debe implementar medidas inmediatas y efectivas para prevenir, investigar y sancionar acciones que atenten contra la vida e integridad de los Yanomami, ya sea que estas amenazas provengan de terceros o de agentes del Estado.
La CIDH y su REDESCA destacan además que el monitoreo de la situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco es complejo debido a la limitada transparencia, la renuencia del Estado a permitir el escrutinio internacional y la falta de independencia de instituciones como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. En consecuencia, instan a Venezuela a producir y difundir información verificable sobre la situación de los Yanomami y a adoptar medidas urgentes para garantizar que las instituciones de derechos humanos operen de manera independiente y autónoma.