Comite de Pensionados y Jubilados reafirma su lucha social

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Especial – Mediante un comunicado público, el vocero principal del Comité Nacional por la Defensa de los DDHH de Pensionados, Jubilados, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, profesor Edgar Silva Herrera, recordó los inicios de esta lucha social que ya está por encima de su tercera década, y que en un primer momento fue acompañada desde el extinto Congreso Nacional por políticos como; Arturo Tremont, Enrique Ochoa Antich, León Arismendi y Teodoro Petkoff. Un día como hoy, 11 de noviembre de 1991, defensores de los DDHH decidieron llevar adelante el referido comité. Con esa motivación, el prof. Silva Herrera relata:

Desde entonces iniciamos una campaña mediante movilizaciones públicas y medios de comunicación, a fin de alcanzar la atención de la opinión pública, y en especial la del gobierno de aquel momento, sobre la crisis económica y social de los pensionados y jubilados de la época, a quienes hoy rendimos homenaje póstumo, por cuanto, sino todos, la mayoría quizás ya no están.

Por ellos, por haberse constituido en una vanguardia de lucha férrea, firme, con propósitos, y por haber sido pioneros en la defensa de sus derechos humanos, económicos y sociales, y sin dar tregua al adversario. Siempre procurando el diálogo entre las partes, apegado a la Constítución y las Leyes de la República.

En este camino fuimos avanzando en procura de conquistas para el mejoramiento de las condiciones de vida de aquel universo de adultos mayores ávidos de atención oportuna.

Con cada gobierno, desde el segundo período de Carlos Andrés Pérez, el Dr. Rafael Caldera y luego Hugo Chávez, obtuvimos avances que están plasmados en la Constitución del 99, e instrumentos legales en materia de Seguridad Social; los que lastimosamente hoy día, son letra muerta por decisión de quien hoy detenta el Poder Ejecutivo, pero que estamos seguros serán rescatados estos derechos una vez que logremos restablecer la genuina institucionalidad democrática y gobernanza que la mayoría venezolana eligió el pasado 28 de julio de este año 2024.

Detrás de cada logro existe una historia de luchas de seres humanos sedientos de justicia, que se agrupan a causa de un interés común, y en el caso de los pensionados, jubilados y adultos mayores en general;  protagonistas de esta lucha, coincidieron diversas expresiones de voluntades con distintas experiencias en gerencia sindical y política, incluida las humildes amas de casa. Todos unidos destacaron en desbordadas iniciativas creativas para cada acción llevada a cabo.

Hoy también rendimos homenaje a quienes no desisten de esta lucha en cualquier rincón de Venezuela, corriendo incluso los riesgos de la represión desatada contra quienes exigimos en las calles nuestros legítimos derechos. Reclamos que han sido deliberadamente ignorados por el sector oficial.

Me interesa destacar también el logro alcanzado en el año 93, durante el segundo mandato de CAP. Me refiero a los aguinaldos, beneficio que ni la Ley del IVSS ni la CRBV, les otorgó a los pensionados del IVSS. No hubo basamento jurídico alguno contrario a la exigencia de este beneficio. No obstante alzamos banderas y logramos el objetivo; obtuvimos un bono de fin de año calculado en 2mil bolívares. 

Luego en el 94, con Caldera en Miraflores, obtuvimos la reafirmación de ese bono con igual monto. En el 95, ya aprobada la Ley de Homologación de las Pensionados del IVSS, y las Jubilaciones de la Administración Pública al Salario Mínimo Nacional Urbano, se nos reconoció 1 mes de pensión como aguinaldo, y dos en el 96. Tras el fallecimiento del Presidente Chávez, logramos aumentar a 3 meses nuestros merecidos aguinaldos, ciertamente Nicolás Maduro pagó en dos oportunidades, pero  luego los dejó sin efecto. Esta Ley aún está vigente.

Nuestro norte siempre ha sido por mejoras inmediatas para las y los pensionados y jubilados de ayer y de hoy. Es nuestro irrenunciable derecho humano reconocido por Naciones Unidas y por nuestra actual Constitución en su Art. 86 para protección de nuestra vejez.

Finalmente quiero enfatizar que el actual gobierno ha renunciado a su obligación de garantizar el derecho a una pensión digna y oportuna para todos los trabajadores venezolanos activos que en algún momento pasarán a ser jubilados. También el gobierno de ahora, abandonó la provisión en materia de salud, al no otorgar a estos trabajadores los medicamentos y exámenes de laboratorio a través del IVSS.

Una pensión de 130 Bs estancada desde el 15 de marzo del año 2022. Consideramos que esta es una sentencia de muerte paulatina, un exterminio programado. Así lo califica el Estatuto de Roma, un delito de Lesa Humanidad.

Este mal que nos hacen los seguiremos documentando ante la CPI. Más aún con esta devaluación asfixiante del signo monetario nacional, finalizó diciendo el prof. Silva.