***A lo largo de este año, el caso de Omaira ha sido silenciado por las autoridades, sin avances judiciales ni explicaciones oficiales.
Ciudad Guayana – Este 24 de octubre se cumplió un año desde la detención arbitraria de Omaira Salazar, activista social y líder comunitaria del municipio Caroní, estado Bolívar. Su aprehensión, ocurrida en horas de la madrugada en su vivienda ubicada en Villa Bahía, Ciudad Guayana, marcó el inicio de un proceso lleno de irregularidades, silencios institucionales y violaciones a sus derechos fundamentales, que además cambió la vida de su familia, siendo una mujer luchadora, honesta, humilde, y trabajadora.
Vale destacar, que Salazar, reconocida por su trayectoria de más de dos décadas en defensa de los derechos vecinales y la participación democrática, el año pasado fue detenida por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) sin orden judicial, en un operativo que incluyó el derribo de la puerta de su hogar. Desde entonces, permanece privada de libertad sin que se le haya imputado formalmente delito alguno.
La activista fue trasladada inicialmente a la sede del Sebin en Vista Al Sol, San Félix, y posteriormente presentada ante los tribunales de Puerto Ordaz. Sin embargo, la audiencia nunca se concretó, y hasta la fecha no se ha informado oficialmente sobre los cargos que se le atribuyen, lo que constituye una grave violación al debido proceso y a sus derechos humanos. Y ahora fue recluida en Vizcaino.
¿Qué marcó su destino?
El contexto de su detención está por su liderazgo y vinculado a su participación como coordinadora de centro en el proceso electoral del 28 de julio, en la base de misiones del sector 6 de Villa Santa Rosa. Desde entonces, Salazar fue objeto de amenazas por parte de actores políticos adversos, lo que la obligó a resguardarse fuera de su hogar por más de dos meses, hasta el día en que decidió regresar y fue sorprendida por los cuerpos de seguridad.
Omaira Salazar no solo es una activista, sino una ciudadana que profundamente ha estado comprometida con su comunidad. Su labor ha estado enfocada en la promoción de valores democráticos, la defensa de la Constitución y el acompañamiento a sectores populares en sus luchas cotidianas. Su detención representa un golpe a la organización comunitaria y al tejido social de la parroquia Unare del municipio Caroní.
Silencio absoluto
A lo largo de este año, el caso de Omaira ha sido silenciado por las autoridades, sin avances judiciales ni explicaciones oficiales. Esta omisión prolongada refuerza la percepción de que su detención responde a motivos políticos y no legales, convirtiéndola en una presa de conciencia dentro del contexto venezolano.
La prolongación de su reclusión sin juicio ni sentencia vulnera principios fundamentales del derecho internacional, como la presunción de inocencia, el acceso a la defensa y la garantía de ser juzgada por un tribunal imparcial. Su caso se suma a una lista creciente de ciudadanos que han sido privados de libertad por ejercer sus derechos democráticos.
Bolívar entre los estados con más presos políticos
En el estado Bolívar, al menos 42 personas han sido identificadas como presos políticos en los últimos años, según registros parciales de la organización no gubernamental Foro Penal, que monitorea y defiende casos de detenciones arbitrarias en Venezuela. A nivel nacional, la cifra total de presos políticos asciende a 816 personas, de acuerdo con el último informe publicado por esta ONG en agosto de 2025.
Bolívar figura entre los cinco estados con mayor número de detenciones por motivos políticos, especialmente vinculadas a protestas laborales en empresas básicas, activismo ambiental y militancia opositora. La mayoría de los casos involucran trabajadores de SIDOR, Ferrominera y CVG, así como dirigentes sociales y miembros de partidos como Vente Venezuela. La falta de transparencia judicial y el control institucional dificultan el acceso a listas oficiales, mientras defensores de derechos humanos advierten que el número real podría ser aún mayor.
Al cumplirse un año de su detención, la exigencia por la libertad de Omaira Salazar se mantiene vigente. Sus familiares, amigos y compañeros de lucha continúan exigiendo justicia, recordando que Omaira es inocente y que su castigo impuesto mediante el silencio, el encierro y la injusticia que vulnera gravemente sus derechos humanos fundamentales. Redacción