Este viernes 28 de febrero, la asamblea de Ciudadanos a favor de un buen sistema de recolección de desechos y contra los desmanes de la empresa Fospuca Caroní, convocó una rueda de prensa donde dio clara cuenta de como la recolectora de basura vuelve a la carga en un intento desesperado de recabar recursos ante al fracaso de todo su proyecto en el municipio, basado en el cobro excesivo de tarifas al margen de lo establecido en las leyes y decisiones de los tribunales nacionales. Acciones que se evidencian con una nueva medida de embargo contra la pequeña empresa Star Motors, contra la Corporación El Tigre y una larga lista de nuevas amenazas de embargo.
El vocero oficial de la Asamblea fue el Ing. Simón Yegres quien alertó sobre esta nueva ola de amenazas y acciones que buscan obligar a los comerciantes y empresarios guayaneses a firmar convenios impagables con Fospuca Caroní, a quien llamó “la concesionaria del alcalde Tito”; en virtud de que todos sus planes de recaudación y sus cálculos de enriquecerse en el municipio fallaron.
Las tres razones del fracaso
Según Yegres este rotundo fracaso de Fospuca Caroní que trata de enmascarar hablando de que más del 80 % de las empresas están pagando el servicio, sin presentar sin embargo ni una cifra o estadística oficial que se pueda validar como prueba de su aseveración. Y eso se debe a que en más de dos años no han logrado cubrir ni medianamente las metas que se habían trazado debido a tres razones que les condenaron desde el principio al fracaso.
La primera de estas causas viene de un cálculo totalmente equivocado de lo que se podría recaudar en Caroní, donde la empresa concesionaria del aseo estimaba ingresos de millones de dólares mensuales, por lo que sobredimensionó sus expectativas. Llegando incluso a decir que la empresa en Guayana era la mayor fuente de ingresos que tendría la corporación a nivel del país. El tiempo ha demostrado que el sector empresarial en lugar de fortalecerse en estos años, ha decrecido con menos empresas activas y menos ingresos, de lo cual es responsable en buena parte Fospuca, según destaca Yegres.
Como segunda causa razón, Yegres presentó el mal cálculo de las tarifas, infladas desde el principio al hacerlo en base al espacio ocupado por las empresas, o sea su área, lo que viola las normas establecidas en las leyes venezolanas, pero además las normas mundiales para el cálculo de tarifas de aseo urbano.
Y como tercera razón habló el ingeniero de la larga lista de acciones irregulares y violatorias de las leyes y decisiones de los tribunales en el país. Basándose en la actuación conjunta con el alcalde de Caroní al usar el sistema de impuestos municipales y su solvencia como un mecanismo ilegal para presionar al sector comercial y empresarial a acatar todas las exigencias tarifarías e Fospuca.
112 solicitudes de embargo en tribunales y sólo 7 aplicados es el récord de Fospuca
El mecanismo para forzar al sector empresarial y comercial se basa en la amenaza y coacción contra ellos tanto con el cierre del portal de recaudación municipal, como con las acciones de embargo con las cuales amenaza a todo el mundo al hacerlas públicas.
A la fecha, según la asamblea de ciudadanos, la empresa ha cursado en total 112 solicitudes de embargo por supuestas deudas contra empresas y comercios en la zona, aunque realmente sólo ha ejecutado contra 7 empresas las medida. Basándose para ello en un mecanismo que pone en delicada tela de juicio al sistema judicial local, por cuanto viola elementos establecidos en las leyes y decisiones de instancias como el Tribunal Supremo de Justicia.
Un claro ejemplo de las irregularidades viene dado por el hecho de efectuar todos esos embargos y solicitudes con una factura proforma emitida por la propia empresa sin contratos establecidos con los usuarios, aunque ese elemento fue desestimado como inválido por una decisión de la sala de Casación Civil de TSJ hace muchos meses, pero se sigue usando en las nuevas medidas que intentan.
Igualmente la Alcaldía de Caroní a dos años de la decisión del TSJ donde le pide información sobre el cierre del portal de tributos municipales a los usuarios, sigue sin dar respuesta, y extrañamente el máximo tribunal no se lo reclama.
Asamblea de Ciudadanos ha enfrentado y frenado legalmente el accionar de Fospuca Caroní
Afortunadamente desde la llegada de la empresa los ciudadanos se organizaron y han logrado ejercer con una buena asesoría judicial una gran defensa que ha frenado el accionar de Fospuca, logrando la recusación de varios jueces, 9 en total, las decisiones del TSJ mencionadas y otras más. Además de visibilizar el caso como una clara muestra de abuso de poder y acciones violatorias de la constitución.
Aplican segundo Embargo a Star motors de forma irregular
Quizá por ese accionar, una pequeña empresa que fue la punta de lanza para denunciar estos abusos y violaciones de la ley, hoy otra vez está siendo embargada, pues actuando de una forma excesiva, con los mismos argumentos del primer embargo, desestimados por las decisiones del TSJ, una juez cuya recusación se ha solicitado, accionó una segunda medida de embargo contra Star Motors y la ejecutó con la presencia de policía y hasta fiscales del ministerio Público, rechazando incluso la fianza que ella misma había fijado. Por lo que el caso será llevado a la inspectoría general de tribunales.
En algún momento el manejo judicial que se ha hecho en el caso de Fospuca Caroní, será expuesto con detalle y seguramente estudiado en las universidades donde se imparte la carrera de Derecho por las muchas particularidades que ha tenido y por las lecciones que enseña.
Pero mientras eso ocurre, la lista de embargados llegó a 7 al sumar al taller “Corporación El Tigre” en San Félix, que se ubica junto a la primera embargada, la desaparecida empresa “Triple Fashion”, Star Motors, Cauchos 25 de marzo, Toyogil, Automóviles Regio, Desarrollo 266, para sumar los 7 que han sido víctimas de los embargos.
DVG Servicios CA al borde la ruina por convenio con Fospuca Caroní
Aunque según destaca la Asamblea de Ciudadanos, hay una enorme y no determinada cantidad de empresas y comercios que no han cancelado las exorbitantes tarifas de Fospuca; sus mecanismos de intimidación y amenaza con tribunales han arreciado, llevando lamentablemente más empresas al borde la quiebra y el cierre, como ya ha pasado con muchas.
El último ejemplo que mostraron fue el de DVG Servicios CA, una empresa metalmecánica ubicada en la avenida Cisneros de San Félix que, aunque nunca en dos años recibió el servicio de recolección de aseo urbano por parte de Fospuca, resultó con una deuda de más de 9 mil Euros, o sea más de 11 mil dólares que le llevaron este año a ser amenazados por el abogado de Fospuca, Bazán Souky.
El viernes de la semana pasada, según relató su propietario, el señor Douglas Benítez le citaron frente al mencionado abogado para notificarle que este lunes procederían a efectuar un embargo en su contra. Ante la amenaza firmó un convenio de pago con la empresa que le obligó al inicio de semana a pagar 4.500 dólares a la empresa, más 1.500 dólares adicionales al abogado Souky, con un compromiso de pagar más de 3000 dólares al final de la semana y dos pagos de unos 1.500 dólares cada uno para los días venideros.
Para poder honrar este compromiso asumido casi a la fuerza, el señor Benítez se vió obligado a vender su camioneta Mitsubishi, a empeñar el camión de la empresa, y apenas cubre la parte cancelada. Realmente no sabe cómo va a pagar las cuotas pendientes, tiene el riesgo de perder su camión, ya se quedó sin camioneta. Y lo que es peor, nunca siquiera recibió el servicio de Fospuca por el que tiene el futuro de su negocio y su familia en peligro.
Incluso comentó que el abogado Souky le mostró una foto en su teléfono donde estaba con la Asamblea de ciudadanos.
Y esta historia es apenas una de decenas similares. Hace tiempo cuando el sector comercial regional aún ejercía su defensa activa ante Fospuca Caroní, se dijo que por culpa de sus desmesurados aranceles centenares de empresas habían cerrado en la zona. Hoy en el 2025, la situación es mucho más precaria para el sector comercial y empresarial. Y Paradójicamente ni el TSJ ni el alto gobierno que conocen con detalle el caso hacen nada al respecto (Prensa Asamblea de Ciudadanos)