*** La movilización de los trabajadores de las industrias básicas en Ciudad Guayana representa la continuidad de la gran protesta nacional iniciada el pasado 12 de marzo, consolidando un reclamo unificado contra el calvario que supone subsistir con un salario de miseria.
Ciudad Guayana (Redacción) – Los trabajadores de las empresas tuteladas por la Corporación Venezolana de Guayana protagonizaron una movilización de carácter simbólico este miércoles 18 de marzo para exponer la crisis humanitaria que atraviesa el sector laboral de la región.
La jornada inició en la Plaza del Hierro de Puerto Ordaz, donde los manifestantes cargaron una cruz de madera de gran escala para representar lo que definieron como el calvario de sobrevivir con salarios que no cubren las necesidades básicas de la canasta alimentaria.
César Soto, dirigente laboral de Sidor y miembro de Unidad en la Coincidencia, manifestó que la lucha en las calles de Guayana no cesará hasta que se reconozca un salario real y se eliminen los bonos de miseria que no impactan en el cálculo de las tablas salariales ni en las prestaciones sociales.
El recorrido por las principales avenidas de Alta Vista sirvió para visibilizar el descontento de las nóminas de las empresas del sector hierro, aluminio y aceros, quienes coinciden en que la bonificación de los ingresos sin incidencia salarial ha pulverizado las prestaciones sociales y los ahorros de toda una vida. Durante la marcha, los voceros gremiales enfatizaron que el salario de hambre es la cruz más pesada que deben cargar los padres de familia, quienes enfrentan la imposibilidad de costear servicios de salud, educación y alimentación básica bajo el actual esquema económico.
César Marcano, dirigente de Somos FMO y también integrante de Unidad en la Coincidencia, recalcó que la movilización es la única herramienta que les han dejado para exigir el derecho a un bienestar social y a un contrato colectivo que permita a los trabajadores vivir dignamente y ser felices en un país rico como Venezuela.
Al llegar a la sede principal de la Corporación Venezolana de Guayana, la dirigencia sindical consignó un pliego de peticiones formal que exige la reactivación de las cláusulas de los contratos colectivos y el cese de las jubilaciones forzosas.
Los trabajadores también demandaron la restitución del seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, destacando que la falta de cobertura médica ha dejado a miles de familias en absoluta vulnerabilidad ante cualquier emergencia de salud.
La movilización concluyó de forma pacífica frente al ente matriz, aunque con una advertencia clara sobre la radicalización de las medidas de protesta si no se establece una mesa de negociación efectiva en los próximos días.
Tania Rodríguez, trabajadora de Ferrominera Orinoco y dirigente de la Plataforma Ciudadana por Venezuela, denunció haber sido despedida tras 25 años de servicio por el simple hecho de mantener una postura política disidente. Rodríguez también lamentó públicamente el fallecimiento de un trabajador contratista en el muelle de la estatal minera, señalando que la falta de condiciones dignas y seguras en los puestos de trabajo sigue cobrando vidas ante la mirada indiferente de la empresa.
Criminalización de la protesta y exigencias de justicia ante organismos internacionales
El panorama laboral en Guayana está marcado por un entorno de hostilidad que busca desarticular la organización sindical mediante medidas de presión administrativa y judicial.
Cruz Hernández, dirigente de tendencia clasista en Sidor, denunció el despido de más de ocho mil trabajadores en la siderúrgica y alertó sobre la existencia de un esquema de persecución y acoso laboral dirigido a los trabajadores activos para impedir su participación en las jornadas de protesta. Esta política de amedrentamiento busca silenciar el reclamo por la reactivación productiva y la mejora de las condiciones de vida de las familias guayanesas.
Foto Finalmente, la jornada trascendió lo estrictamente laboral para tocar temas de derechos humanos fundamentales. Alejandro Álvarez, secretario general del sindicato Sidernac y coordinador de la Central UNETE Bolívar, exigió a la mandataria encargada, Delcy Rodríguez la inmediata excarcelación de Meris Torres de Sequea y Ana Soris Torres, ambas personas de la tercera edad cuyo único vínculo, es ser familiares del capitán Antonio Sequea Torres. Álvarez hizo un llamado urgente a Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que intervenga