***Familiares y abogados demandan medidas urgentes para resarcir el daño a miles de familias venezolanas
Yaracuy (Redacción) – La exigencia de una justicia sin discriminación ha tomado un nuevo impulso en Venezuela a través de una campaña nacional que demanda el otorgamiento inmediato de indultos para los presos políticos y ciudadanos inocentes que permanecen tras las rejas. Esta iniciativa, encabezada por el abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres, surge tras las recientes declaraciones de Delcy Rodríguez en su ejercicio de la presidencia encargada, donde admitió públicamente la existencia de corrupción judicial y un grave retardo procesal que mantiene en vilo a la nación.
El dolor de las familias en cifras y testimonios
El reclamo de los familiares se sostiene en la propia confesión de las autoridades sobre los vicios del sistema. Para los afectados, reconocer estas fallas y no tomar acciones concretas para liberar a los inocentes constituye un acto cínico e irresponsable. Entre las voces que claman por libertad destaca la de Rosa Mendoza, hermana de un ciudadano inocente detenido en el marco de la «Operación Trueno 2022». Mendoza lanzó un llamado directo a la presidenta encargada recordándole que, si el Estado ya admitió que la justicia en Venezuela no funciona, son los familiares de los presos quienes sufren esa realidad en carne propia mientras exigen justicia y libertad.
El sustento legal para la medida de gracia
Desde una perspectiva jurídica, el equipo de defensa subraya que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela faculta al Presidente para otorgar indultos según el numeral 19 del artículo 236. Además, se apoyan en la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente en la sentencia número 1.541 del año 2011, la cual establece que esta medida puede concederse en cualquier etapa del proceso. Esto significa que el beneficio puede alcanzar tanto a quienes ya tienen una condena firme como a los procesados que aún no reciben sentencia, actuando en este último caso como una causa de extinción de la acción penal que equivale al sobreseimiento de la causa.
Un camino hacia la reconciliación nacional
La legitimidad que vive el país tras los comicios del pasado 28 de julio de 2024, donde los sectores demandantes sostienen que la soberanía popular eligió a Edmundo González Urrutia. No obstante, el exhorto a Rodríguez se mantiene con la intención de que aproveche el tiempo que le quede en el cargo para reparar parte de la tragedia carcelaria que ha fracturado el tejido social. La proclama final advierte que la historia juzga a los gobernantes por su capacidad de enmendar el daño causado, señalando que el país se encuentra en un momento histórico para avanzar hacia una reconciliación real que acompañe los cambios que la ciudadanía ha decidido defender bajo la consigna de libertad para todos.