Celestino Aponte
El 28J del 2024 y el 03 de enero del 2026, dos aldabonazos estruendosos, marcan el derrumbe irreversible del ciclo político chavista. Desde la última fecha indicada observamos un proceso en el cual los restos del madurismo conserva y ejerce el poder político aunque tomando decisiones, ejecutando actos de gobierno, actos legislativos y exponiendo un relato político totalmente contrarios a su práctica, discurso y pensamiento político tradicional. A la par, la obvia tutela que el gobierno de EE. UU ejerce sobre la presidente encargada y su gobierno constituye una señal clara de demolición paulatina de la dominación chavista y, más importante aún, que Venezuela avanza en dirección a un cambio político real. Especular sobre el tiempo en el cual es previsible la caída definitiva del régimen y la instauración de la democracia no es posible hacerlo objetivamente.
Aunque aún no estamos en una transición efectiva hacia la democracia, a pesar de que el decrepito régimen antidemocrático, represivo y corrupto mantiene el control de las palancas fácticas del poder, de las abultadas carencias operativas de la mayoría democrática del país y las incoherencias del principal aliado internacional, la tendencia predominante es irreversiblemente hacia el cambio democrático. De eso no hay dudas.
Tal como está el momento político en el cual la ciudadanía ha perdido el miedo, el terrorismo de Estado luce inefectivo, los familiares de los presos políticos han desafiado al régimen, las ONG defensoras de los derechos humanos valientemente han plantado cara al régimen, el movimiento estudiantil ha despertado, los trabajadores y el movimiento sindical han levantado la voz en reclamo a sus justas reivindicaciones luce urgente la definición de una agenda política y la formulación de una estrategia unitaria. Al respecto, me permito compartir la siguiente reflexión:
Participamos de la opinión de asumir la lucha por la libertad plena de todos los presos políticos y el retorno de los perseguidos y exiliados como un objetivo prioritario. Manifestamos nuestra satisfacción por las liberaciones conquistadas y por los beneficiados de la Ley de Amnistía. Es un paso importante, pero la mencionada ley es insatisfactoria, excluyente, truculenta en tanto que las víctimas son “perdonados” e injusta. Acompañamos la alegría de las madres, padres, esposas, esposos e hijos de los excarcelados y comprendemos y nos solidarizamos con los excluidos e injustamente presos.
Un segundo propósito a trabajar es la reinstitucionalización del país que comprende dos elementos diferenciados. En primer lugar, el aparato de seguridad del Estado corrompido y convertido en instrumento de extorsión, torturas y tráfico de bienes provenientes del delito. Urge la eliminación de cuerpos policiales enteros y la reestructuración y adecentamiento de otros. Íntimamente asociado a los cambios en los cuerpos de seguridad es necesario trabajar para promover cambios en la titularidad del Ministerio Público y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Tres instituciones estrechamente vinculadas a la represión, al fraude electoral y al servicio de la ominosa dictadura y no al servicio de la Nación. Las ”renuncias” del Fiscal General y del Defensor del Pueblo anunciadas el 25 de febrero es una buena noticia que allana el camino en esta dirección. Sin estos cambios es imposible que el Estado de Derecho se haga realidad en el país. Solo la presión interna de la sociedad venezolana coordinada con la presión de los aliados internacionales podrá torcerle el brazo a la usurpación. Presión interna que debe ir acompasada con la estrategia “estabilidad, reconstrucción y transición” que adelanta el aliado externo que tutela al régimen.
Muy necesario es definir y delimitar con precisión los objetivos a alcanzar, ahora, en las actuales circunstancias, en el ámbito social. La sociedad venezolana toda severamente afectada por una inflación, que según estimaciones del FMI alcanzó en el año2025 un crecimiento de 548%. Especialmente afectados los trabajadores del sector público después de tres años sin aumento salarial y con un salario mínimo de Bs. 130. No es exagerado afirmar que en Venezuela desapareció el salario si entendemos por tal la remuneración que recibe un individuo por el trabajo prestado. Remuneración suficiente que le permita alcanzar condiciones de vida dignas para él y su familia y que le permita al asalariado invertir en su crecimiento y desarrollo personal.
Atender puntualmente el asunto salarial, la derogación de los instrumentos “legales” anti obreros e inconstitucionales como lo son el Instructivo ONAPRE y el Memorando 2792 es un objetivo fundamental a conquistar por las fuerzas políticas y sociales democráticas.
Dado que en Venezuela más del 60 % de la Población Económicamente Activa labora en la informalidad y no hay datos confiables sobre la tasa de desempleo, el derecho constitucional al al trabajo está proscrito en los hechos, al menos para una proporción muy alta de venezolanos. Vale decir, “el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, para satisfacer las necesidades de una comunidad…” tal como lo define la OIT. Que además provee medios dignos para el sustento del trabajador y su familia. Ese derecho está negado, como lo está también la seguridad social en los términos establecidos en el artículo 86 constitucional.
En fin, la agenda de lucha de la sociedad civil y de la sociedad política debe adquirir un alcance mayor a los cambios en el ámbito político. Se impone una visión sistémica, de largo alcance y fundada en un sólido sentido de la realidad. Es decir soñando con el deber ser sin perder el sentido de lo que es posible ahora dada la bancarrota de la economía del país, los niveles de destrucción institucional y el relevante dato según el cual el régimen autoritario aún controla el poder.