La Razón – Alianza por la Soberanía y la Democracia (ASD) al Presidente electo Edmundo González Urrutia y a la líder del cambio democrático, María Corina Machado, para el restablecimiento de la Constitución y el rescate de los derechos de la sociedad, «como ejes rectores de una estrategia política que garantice los cambios profundos que demanda el país»:
«Desde hace décadas Venezuela sufre los efectos de la devastación política y social del país. En los últimos años se profundizó con la destrucción total de la ética de lo público, el abandono deliberado y sostenido de las reglas democráticas y el desconocimiento completo del Estado de Derecho, sobre todo en la vulneración flagrante de todos los derechos del pueblo.
Es por ello que, para la Alianza por la Soberanía y la Democracia (ASD), dentro de su definición y lucha por las libertades democráticas, el restablecimiento de la Constitución y el rescate de los derechos de la sociedad, los ejes rectores de una estrategia política que garantice los cambios profundos que demanda el país, deben sostenerse a partir de:
Bases del Mandato y la Unidad
Pacto por el Rescate de la Democracia y la Soberanía Popular: que implica la reorganización de una gran conjunción de fuerzas sociales y políticas para el establecimiento de un Gobierno de Amplia Participación, garantista de derechos y de amplio alcance social y político.
Pacto Programático Mínimo: debe establecerse un acuerdo de planes y políticas públicas y de emergencia a corto, mediano y largo plazo, que persigan la restitución acelerada de todos los derechos arrebatados y/o desconocidos.
Dirección Política Unitaria y Legítima: que implica la integración de organizaciones y personas articuladas en una sólida dirección política, unitaria y coherente que, junto a un Gobierno de Amplia Participación, conduzca los procesos de restitución plena de la vigencia de la Constitución y el respeto al Estado democrático y social, de derecho y de justicia. Este mandato fue reafirmado por el poder constituyente originario en las urnas electorales el 28 de julio de 2024.
Liderazgo de la Transición: El ejercicio de este mandato recae en el presidente electo, Edmundo González Urrutia. Es una responsabilidad delegada que tendrá el respaldo del liderazgo de María Corina Machado, sobre quien recae también legitimidad popular, para encabezar juntos este proceso, como figuras unificadoras y promotoras del cambio. La mayoría de los venezolanos votó por democracia, libertad y la recuperación de sus derechos e identificó esta aspiración en este binomio político.
Ejes de la Transición y Reconstrucción
Ante la devastación de la organización y dinámica de la sociedad venezolana, nace una etapa de transición que resulta fruto democrático de las elecciones presidenciales del 28J. Esto es, una Etapa de reconstrucción del poder político del Estado. Por tanto, sus planes, a partir de lo plasmado en las Bases de Mandato y Unidad, deben ser integrales, con impacto en toda la sociedad y en estructura de los órganos del poder constituido.
Estos cambios deben estar sujetos a deliberaciones y acuerdos, pero contar la firmeza de su cumplimiento una vez definidos. Son la esencia de la oferta electoral del candidato y hoy presidente electo, Edmundo González, con el acompañamiento de una diversidad de fuerzas. Los venezolanos, el 28J de 2024, votaron mayoritariamente por un nuevo presidente y con él, por un cambio social y político hacia democracia y justicia plenas.
Esta etapa de transición es fruto de la Soberanía Popular. Por tanto, los planes para recuperar al país deben procurar, en primer lugar, un impacto inmediato y positivo en la sociedad mayoritaria que es, principalmente, proveniente de los sectores más afectados y vulnerables del país. En tal sentido, consideramos prioritario trabajar los siguientes aspectos.
Medidas para la formación constitucional de Gobierno
El pueblo eligió a Edmundo González Urrutia, otorgándole legitimidad suficiente para que proceda a ser proclamado y juramentado por los órganos constitucionales correspondientes, lo cual no ha ocurrido.
Esto implica que la relegitimación de los poderes públicos debe iniciar con el restablecimiento del mandato del 28j de 2024. Este precedente es el que debe,
Sentar las bases de la recomposición del Estado. Pero en estricto apego a la Constitución, su realización tiene complejidad debido a que reserva roles decisivos a los poderes Legislativo y Electoral, cuya legalidad y legitimidad están en cuestión. Por ello,
Se propone un manejo estratégico y prudente de las soluciones jurídicas y políticas, a través de la creación de un Gabinete Técnico-Constitucional de Alto Nivel, con el concurso de constituyentes y juristas, con los que contamos, para diseñar la estrategia necesaria, acorde y en aplicación de los principios y normas constitucionales que garanticen el inicio de una fase acelerada de recomposición institucional.
Medidas para la Emergencia Política, Institucional y de Derechos Humanos
Leyes de Emergencia: El presidente, una vez en ejercicio, debe ser dotado de un respaldo social y político que le permita dictar decretos, medidas y leyes de emergencia en las materias urgentes del país y sus habitantes más afectados.
Decreto de Emergencia Económica y Financiera: Disposiciones inmediatas para atender de forma prioritaria los problemas sociales urgentes y conducirlos a condición de restablecimiento pleno del texto constitucional, principalmente en el articulado referido a Salarios, Pensiones, Asistencia directa a la Crisis Humanitaria Compleja y crisis económica y monetaria.
Liberación Inmediata de Presos Políticos y Justicia Transicional: Proceder a la liberación inmediata de todas las personas privadas de libertad por razones políticas, implementando las soluciones constitucionales previstas en la Ley de Amnistía y el Indulto Presidencial, con el compromiso de no repetición de patrones de persecución.
Establecer de forma prioritaria las bases para un sistema de Justicia Transicional que garantice la verdad, justicia, reparación integral a las víctimas de violaciones de DD.HH. y no repetición, en línea con los estándares internacionales y los informes de organismos multilaterales.
Medidas Transicionales de Urgencia
Reinstitucionalización Acelerada: Reinstitucionalización acelerada de los principales órganos (Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía, Consejo Nacional Electoral, Contraloría, etc.), vitales para la transición sostenible.
Reforma del Sector Seguridad y Defensa (RSSYD): Subordinación de toda la institución militar y policial al poder civil legítimamente constituido, redefiniendo su papel como garantes de la integridad territorial y el orden constitucional. Depuración, Reestructuración Acelerada y Profesionalización del sector, combatiendo y desmantelando las redes de crimen organizado incrustadas en el Estado. La institución militar debe ser rescatada de la injerencia política y criminal.
Relegitimación Local: Proceder en tiempo perentorio a la relegitimación (de abajo hacia arriba) de todos los poderes constituidos (Alcaldías, Gobernaciones, Legislativos Regionales, Concejos Municipales y Asamblea Nacional), mediante la repetición de los procesos electorales írritos producidos desde el 28 de julio de 2024 hasta el presente. Se requiere la rápida recomposición del tejido social y político, local y nacional.
Estabilización Económica de Emergencia: Plan Económico de Emergencia que busque el control acelerado de la inflación, aumento del poder adquisitivo de los trabajadores, restauración de la autonomía del Banco Central de Venezuela (BCV) y la apertura a la inversión nacional y extranjera responsable, como pilares para la recuperación. Proponemos un Equipo Económico Interdisciplinario con asesoría universitaria y profesional, que garantice la integración de la diversidad de concepciones para esta labor.
Asistencia y Cooperación Internacional
Plan Internacional de Apoyo: Se contempla un plan internacional de apoyo a la emergencia, con la revisión de medidas para superar los efectos de los compromisos de la deuda externa y el decreto de un Plan de Asistencia Humanitaria de Emergencia bajo la participación y coordinación de Organizaciones (OGN) calificadas, que persiga reducir la presión inmediata sobre sectores más vulnerables y sobre el propio Gobierno.
Cooperación Estratégica: La presencia y acompañamiento internacional debe ser limitada y debe contemplar la diversidad geopolítica, con prioridad en la cooperación fronteriza. Esto implica acuerdos en asistencia técnica y seguridad sobre zonas de minería ilegal, combate al narcotráfico y apoyo de organizaciones internacionales (ONG) en el estricto monitoreo y acompañamiento para el restablecimiento de los DD.HH.
El ejercicio de la soberanía y la reconstrucción democrática, social, ética y moral del país, descansa en que las medidas transicionales garanticen el compromiso con las mayorías nacionales y populares y no en la retribución de la solidaridad y ayuda internacional que ha cursado en todo el proceso de lucha por la libertad de Venezuela. La participación popular y el protagonismo de la gente debe ser el principal bastión en la construcción de una nueva fuerza social y civilista, vital para la reconstrucción democrática y soberana de la República.