El gobierno de Nicolás Maduro les impuso defensores públicos para asegurarse de violentarles el debido proceso y sus derechos humanos. Es tanto el miedo que a la mayoría no les permite ni atreverse a mencionar sus nombres. Los familiares aterrados creen que el silencio les concederá la piedad del régimen con su ser querido.
Defensores públicos, funcionarios al servicio de la justicia venezolana susurran que no hagan ruido en las redes, mientras el tiempo pasa y la situación se agudiza. Ellos son 103 presos en la cárcel de Tocuyito de una causa como consecuencia de la represión desatada después de las elecciones del 28 de julio contra quienes protestaban los resultados electorales. A todos les piden que se declaren culpables de terrorismo.
No solo son víctimas los 103, también lo son sus familiares, quienes no pueden recurrir a un abogado privado o de su confianza, porque como al resto de presos políticos en Venezuela les impusieron defensores públicos, así el régimen de Nicolás Maduro se asegura de violentarles el debido proceso y sus derechos humanos.
Los 103 están judicializados por haber protestado los resultados electorales cuando el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) dio ganador a Nicolás Maduro sin que el acta de totalización haya sido publicada. A las familias de los 103 también les prohíben reclamar, exigir justicia o manifestarse, ni siquiera hacer vigilia de oración por quienes están tras las rejas en la cárcel de Tocuyito o reclamar “Navidad sin presos políticos” sin ser amenazados.
Jenner Enrique Benedetti Ortega de 18 años, fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el 30 de julio a las 12 del mediodía, en la zona de Guacara y le imputaron, como a todos los de la causa de los 103, los delitos de resistencia a la autoridad, terrorismo, obstrucción a la vía e instigación al odio.
A esa lista y por los mismos delitos se suma el nombre de Yunaiker Silva. Phanuel Enrique Navarro Martínez también detenido por la PNB. Adrián Antonio Motos Toro de 27 años.
José Ángel Torres Mosquera de 31 años. Fernando José Rodríguez Franco de 47 años. Con 30 años de edad fue detenido Wikilso José Pérez Hurtado.
Damir Morales fue detenido mientras caminaba con su esposa por el municipio Los Guayos a las 3:40 de la tarde.
Reyber Yoel Oropeza Guevara tiene 29 años. Otro de los detenidos es Luis Alejandro Rojas Linares. José Miguel Barroeta Pereira, 19 años. Daniel López Requena es un joven de 23 años; otro detenido es Marco Antonio González.
Bernardo Antonio García Camacaro, 24 años, detenido el 30 de julio cuando regresaba en moto de su trabajo, cuando la PNB lo detiene bajándolo a la fuerza del vehículo. La lista crece con Rosmer Alexander Ojeda Peroza.
Con solo 18 años a Gabriel Abraham Blanco Gamboa, detenido en un lugar donde no había ni disturbios ni saqueos, el 30 de julio, es acusado de terrorismo. Armando Guillermo Colina Marín, padre de un niño de tres años con su pareja a punto de dar a luz.
A Mario de Jesús Aquino Ladino y a Bennie Josué Nava Redondo los detiene la PNB, cuando el 30 de julio, a las 10 de la mañana, salieron a buscar un medicamento para la mujer de Mario que en su momento estaba embarazada y tenía mucho dolor. Van hacia una farmacia, pero pasando frente al local Pío Pío, los enfrentan dos colectivos y les piden detenerse. Después llegaron más motorizados y la Policía Nacional Bolivariana los detiene.
Los familiares de todos ellos han publicado fotos y videos reclamando por su libertad a pesar de las amenazas recibidas y las promesas de que hagan silencio para no molestar al régimen venezolano.
Otros nombres que se ha conocido de los integrantes de la causa 103, son:
Adam David González Medina.
Adrián Alexander Pacheco Bermúdez.
Anderson Contreras.
Ángel Zalazar.
Diego Fernando Rodríguez Isea.
Edgar Sequera.
Elio Alejandro Rangel Cedeño.
Félix Jesús Rivero Véliz.
Francisco Antonio Sarmiento.
Jhonatan Daniel González Torrealba.
Jhonnier Castillo.
Johansson Ladino.
José Gregorio Alcalá.
Josué Esmer García Cariaco.
Rhayner José Monagas García.
Williams Francisco Palermo Flores.
Wilson Daniel Cedeño Alvarado.
Yimy Jesús Rojas Agüero.
Xavier Alexander González.
Desaparición forzada
Luis Fernando Rodríguez es hijo de Fernando José Rodríguez Franco y dice en video que su padre se encuentra en manos del régimen dictatorial que impera en Venezuela. Destaca que su papá es un apersona trabajadora y honrada.
“Mi papá no es ningún terrorista ni agravia a la sociedad. Mi papá es un trabajador de la clase media. Es intachable”.
Agrega que los delitos que le están imputando son falsos y explica que el 28 de julio se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela que desencadenaron protestas que llevaron a que el gobierno detenga y secuestre a cientos de personas.
Luis Fernando relata que su papá fue secuestrado y permaneció en desaparición forzada durante 30 días exactamente, “cuando ya estaba recluido en el Centro Penitenciario de Tocuyito, en el oeste del estado Carabobo”.
El joven hijo de Fernando José está muy preocupado no solo por la situación legal y jurídica de su padre sino por su estado de salud-
“Mi padre es hipertenso y en enero pasado sufrió un preinfarto viéndose muy delicado”, por ello la familia está preocupada porque el descontrol en los medicamentos pone en riesgo su vida.
“No le podemos suministrar los medicamentos, recibe visitas cada 15 días y no está comiendo acorde a su condición de salud”, como otros testimonios dan fe relata que también ahí su padre le están dando alimentos descompuestos.
“Como su hijo mayor exijo la libertad inmediata de mi papá. Mi mamá y mi hermana están muy afectadas por la situación, porque tuvieron un shock emocional por toda la situación que sufre su padre detenido”.
Agrega que cuando la PNB detiene a Fernando José Rodríguez Franco iba en moto, vehículo por el que las autoridades no dan razón.
“También tenía un dinero en efectivo, porque mi papá venía de trabajar; estaba entrando a la casa cuando funcionarios de la PNB lo interceptaron, se llevaron su moto, y se lo llevaron a él detenido. Tenemos cuatro meses sin saber hora de procesamiento, fecha, nada”.
“Hace un mes se realizó la audiencia preliminar, en la cual querían que se declarara culpable, cuando mi papá no lo es. Querían que asumiera todos esos cargos de incitación al odio, terrorismo y daño a la entidad pública para que asumiera de 8 a 10 años de prisión, siendo inocente”, finaliza Luis Fernando exigiendo la liberación inmediata de su papá. Infobae