***Con 55 años y la salud quebrada, la líder de Unare cumple 15 meses de detención arbitraria en el retén de Vizcaíno, víctima de un silencio procesal que castiga su compromiso con la defensa del voto en Guayana.
Para Omaira Salazar, la democracia no era un concepto abstracto de los libros de leyes; era una práctica diaria que ejercía desde las calles de la parroquia Unare, en el municipio Caroní. Durante más de 20 años, esta líder comunitaria y activista de derechos humanos en el estado Bolívar dedicó su vida al servicio vecinal. Sin embargo, desde hace un año y tres meses, su voz —antes alzada para defender a su comunidad— se encuentra confinada tras los muros del Centro de Resguardo Preventivo Ramón Eduardo Vizcaíno.
Su «delito», según denuncian familiares y organizaciones civiles, fue ejercer su derecho ciudadano durante las elecciones del 28 de julio de 2024. Como coordinadora de centro en el sector Villa Santa Rosa, Omaira se dedicó a cuidar el voto, a garantizar que la voluntad popular fuera respetada. Esa convicción democrática la convirtió en blanco de persecución. Tras semanas de amenazas por parte de adversarios políticos, la noche del 24 de octubre de 2024, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) la interceptó al regresar a su hogar. Desde entonces, la oscuridad judicial se ha cernido sobre su caso.
Una salud que se apaga entre sombras
Hoy, el rostro de la injusticia tiene el nombre de su hija, Kailin Noguera, quien con la voz quebrada por la angustia clama por una medida humanitaria. «Mi mamá es una persona mayor de 55 años que toda su vida ha dedicado a la lucha social y a cuidar la democracia de este país. No es justo que se encuentre en esa situación», relata Kailin.
La detención de Omaira no solo es una privación de libertad, sino una sentencia de deterioro físico. En el centro de reclusión, las enfermedades que ya padecía se han agudizado peligrosamente. Omaira sufre de cardiopatía isquémica, una condición que requiere cuidados rigurosos y ausencia de estrés; padece de hernias discales que tornan el suelo de una celda en un instrumento de tortura, y sufre de hipertensión arterial constante.
«Ya es demasiado tiempo aguantando calamidades», afirma su hija. «No es lo mismo que ella esté en nuestra casa con nosotros, con sus nietos que la extrañan y la quieren tanto».
El vacío legal y la precariedad económica
La familia de Omaira no solo lucha contra el aparato estatal, sino contra la precariedad. Kailin es clara al describir la realidad de quienes tienen a un ser querido tras las rejas por motivos políticos en Venezuela: «Ha sido demasiado duro en cuanto a cuestiones económicas. No tenemos recursos, no somos una familia pudiente». El costo de los traslados, los medicamentos y la alimentación para sostener a alguien en un centro de reclusión preventivo agota las fuerzas de cualquier hogar trabajador.
A pesar del paso del tiempo, la justicia parece no tener prisa. Los abogados solo les piden esperar, mientras las boletas de excarcelación brillan por su ausencia. No hay notificaciones, no hay audiencias claras, solo el silencio administrativo que devora los días.
Un llamado al corazón de la Sociedad
La historia de Omaira Salazar es, en palabras de su hija, un espejo en el que cualquier ciudadano podría verse reflejado: «Debemos mirar que ella pudo haber sido cualquiera de ustedes». Es el relato de una abuela ejemplar, de una mujer honesta y trabajadora que, por creer en el valor de un voto, terminó convertida en una cifra más de la crisis de derechos humanos en el estado Bolívar.
Mientras el tiempo transcurre en el centro Ramón Eduardo Vizcaíno, la familia de Omaira sigue exigiendo lo que por derecho le corresponde: libertad. Piden que los funcionarios públicos se «toquen la mano en el corazón» y permitan que esta luchadora social regrese a su hogar, antes de que su corazón, ya debilitado por la enfermedad y la injusticia, deje de latir. Correo Financiero
Esa señora merece su libertad que retenida injustamente porque luchar por la libertad no es un delito