***La Ley de Extinción de Dominio aprobada en 2023, aunque sobre el papel busca combatir la corrupción y el narcotráfico, en la práctica se ha convertido en un garrote contra la disidencia opositora
Caracas (EN) – El calvario de los presos políticos en Venezuela no termina cuando se abren las rejas de la celda. Para muchos, la libertad llega acompañada de un silencio en sus cuentas bancarias y el vacío absoluto en sus antiguos hogares.
Bajo la premisa de «justicia social», el aparato estatal perfeccionó un mecanismo donde la detención es solo el primer paso; el segundo es la aniquilación financiera del individuo. Según reporta El País de España, esta estrategia de asfixia se institucionalizó a través de una arquitectura legal diseñada para el saqueo.
Testimonios recogidos por dicho medio exponen cómo figuras como el excandidato Enrique Márquez han vivido el horror en carne propia. «Cuando yo caí preso, me quitaron el apartamento», relata Márquez, detallando un asalto policial que terminó en el robo de electrodomésticos, arte y ahorros, dejando a su familia en la quiebra absoluta.
La ley como escudo del saqueo
El núcleo de esta política de confiscación reside en la Ley de Extinción de Dominio aprobada en 2023. Aunque sobre el papel busca combatir la corrupción y el narcotráfico, en la práctica se ha convertido en un garrote contra la disidencia. Como señala El País, esta normativa permite al Estado tomar posesión de bienes sin necesidad de una sentencia penal firme, convirtiéndose en un proceso «independiente de la responsabilidad penal, imprescriptible y aplicable a bienes muebles, inmuebles o activos digitales».
Para expertos como el abogado Joel García, el problema no es la existencia de la ley, sino su uso arbitrario. Mientras que en democracias plenas estas herramientas requieren garantías constitucionales, en el contexto venezolano «es una ley que se aplica de forma ejecutiva, sin necesidad de sentencia judicial, para arrasar con los bienes patrimoniales de cualquiera sin que quede rastro».
Botín de guerra: de camionetas a mascotas
La discrecionalidad con la que operan los cuerpos de seguridad transformó propiedades privadas en trofeos de guerra. No se trata solo de grandes empresas o cuentas en el extranjero; la represión llega a lo íntimo. Lilian Tintori denunció recientemente el saqueo de su residencia, donde las autoridades no solo se llevaron cuadros y enseres de cocina, sino incluso a sus mascotas.
Este patrón de «caer preso y quedar en la ruina» se extiende al sector empresarial. Casos como el de María —nombre protegido por El País— ilustran cómo el Estado toma control de compañías operativas, utiliza los vehículos privados de los gerentes para uso oficial y desplaza a familias enteras de sus hogares bajo acusaciones de conspiración.
«La empresa fue tomada como si fuéramos narcotraficantes», lamenta la esposa de un gerente hoy detenido, cuya compañía ahora es explotada por terceros mientras sus propiedades familiares permanecen tomadas.
En la Caracas de hoy, las patrullas rotuladas con lemas de «bienes confiscados a la corrupción» son el recordatorio constante de que, en Venezuela, disentir no solo cuesta la libertad, sino también el techo bajo el cual se construyó una vida.