Especial – Un grupo de exbecarios del programa Chevening presentó, ante la Asamblea Nacional venezolana, un documento de observaciones al Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, en el que advierten que la iniciativa, tal como está redactada, expone tensiones conceptuales y riesgos de implementación que podrían hacer inviable su finalidad transicional.
El proyecto de ley fue solicitado a finales de enero por Delcy Rodríguez, quien ahora lidera el poder ejecutivo, tras los ataques de Estados Unidos a inicios de año que culminaron con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Desde entonces, el gobierno venezolano ha anunciado la excarcelación de un “número importante” de venezolanos y extranjeros. Sin embargo, la promesa se ha cumplido a cuenta gotas y con medidas cautelares, mientras familiares pernotan en las entradas de varios centros de detención esperando la liberación de seres queridos.
En el informe, los exbecarios subrayan que una amnistía no puede concebirse como un acto de “clemencia soberana”, sino como un instrumento orientado a cerrar ciclos de persecución política, centrado en las víctimas, con garantías de una revisión efectiva de condenas dictadas por motivos políticos y mecanismos independientes de supervisión que aseguren su aplicación, conforme a estándares internacionales de derechos humanos.
“Una ley de amnistía en contextos de ruptura democrática no es un gesto de gracia ni de perdón discrecional, sino un instrumento de justicia transicional que debe orientarse a cerrar ciclos de persecución política sin vaciar de contenido los derechos a la verdad, la reparación y la no repetición”, señala el documento firmado por especialistas en diferentes disciplinas, incluyendo derecho, construcción de paz, políticas públicas y justicia transicional.
Los firmantes también hacen hincapié en la necesidad de una consulta pública transparente y de calidad para garantizar la participación efectiva de víctimas y organizaciones de derechos humanos en el proceso y así evitar la revictimización o un simple “borrón y cuenta nueva”.
La vaguedad en la definición de “violencia política” es una puerta a la arbitrariedad sin un órgano de supervisión independiente
Considerando que conceptos jurídicos ambiguos se han utilizado con frecuencia para consolidar prácticas autoritarias en el país, los firmantes enfatizan que la ley “debe emplear términos previsibles, no estigmatizantes y compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.
”La ausencia de un órgano autónomo que supervise la ejecución de la ley, sumada a las amplias facultades otorgadas al Ejecutivo y a la falta de independencia del poder judicial, introduce riesgos de discrecionalidad y erosiona la confianza pública, advierten los expertos.
El documento fue elaborado por exbecarios del programa Chevening, iniciativa del gobierno del Reino Unido orientada a la formación de liderazgo con compromiso público. Desde distintas áreas, derechos humanos, justicia transicional, políticas públicas y sostenibilidad, los firmantes aportan una mirada técnica e independiente al debate legislativo.