Un grupo de comerciantes y empresarios que forman parte de la Asamblea de Ciudadanos de Guayana que viene buscando frenar los desmanes de Fospuca-Caroní contra el sector privado, encabezados por José Córdova, Rosa Dorta, Mónica Murrugarra y Graciela de Padilla; informaron en rueda de prensa que acaban de oficiar a varias dependencias del gobierno nacional para solicitar respuesta ante las acciones fuera de derecho que la mencionada empresa ha aplicado con una aparente impunidad en la región.
Tal accionar se basa primero que nada en la decisión de la Sala de Casación Civil del TSJ, donde se determinó que las facturas proforma carecen de valor legal para ser usadas como base de acciones judiciales, que ha sido la situación presente en Guayana a lo largo de la novela de acciones contra el sector privado. Hay además otras razones que arguyen los empresarios y de detallarán a continuación.
Comunicaciones a tres instituciones nacionales
Las comunicaciones de los representantes de la Asamblea de Ciudadanos se dirigieron concretamente a la Sala de Casación Civil del TSJ, recordándole su propio fallo de este año que no ha sido aplicado en los tribunales guayaneses, por lo que piden emitir órdenes de cumplimiento y aplicación de su fallo a los juzgados de esta zona. Otra comunicación fue emitida al Ministerio del Interior que encabeza Diosdado Cabello, a quien remiten resumen detallado de la situación y fallos legales para solicitarle que desde el despacho a su cargo tome cartas en el asunto y aplique los correctivos que establece la Ley ante la ristra de irregularidades que salen a flote en este caso.
Finalmente manifestaron los informantes que se dirigió una última comunicación a la Inspectoría de Tribunales, pues si simplemente los jueces civiles de Guayana no han tomado en cuenta la sentencia del TSJ y aplicado los correctivos necesarios, podrían estar incurriendo en irregularidades graves, lo que según la Ley se sanciona con diversos castigos desde la mencionada Inspectoría, desde suspensiones temporales hasta la cesación en el cargo.
Son 105 demandas contra el sector empresarial de Guayana y varios embargos
Según destacaron los informantes hasta la fecha ya se acumulan 105 acciones judiciales emprendidas por Fospuca-Caroní contra el sector comercial y empresarial de la región, a las que se suman unos 5 embargos ejecutados, cimentados casi todos estos casos en las rechazadas facturas proforma.
Tales acciones, a las que suman el acoso continuo de los abogados de la empresa y el delicado y lesivo cierre del portal de Tributos Municipales implementado desde la Alcaldía de Caroní ha causado un verdadero descalabro en el sector comercial y empresarial de la región, que prácticamente ha sido forzado a cancelar unas tarifas que se calculan fuera de las normas nacionales, como por ejemplo el cálculo de la tarifa por los metros cuadrados del establecimiento, cuando la norma es hacerlo por litros o kilogramos de desechos colectados; sumando además un cobro adicional por “relleno sanitario”, y en el caso de los centros comerciales hasta facturando dos veces, pues se cobra a cada adjudicatario por separado y al mismo tiempo al centro comercial. Todo esto ha devenido en costosas erogaciones por un servicio que en ocasiones ni se presta regularmente; causando daños patrimoniales al sector.
Acciones correctivas se están solicitando hace más de un año
Para concluir, los comerciantes y empresarios, en representación de la Asamblea de Ciudadanos, destacaron que desde hace más de un año se viene solicitando acciones a los entes de justicia y ante varios ministerios sin que hasta este momento se hallan siquiera logrado respuestas, y por supuesto mucho menos acciones correctivas, lo que les impulsó a enviar estas comunicaciones a lo entes designados.
Entre las acciones que han emprendido hace tiempo recordaron los dos recursos de nulidad introducidos ante el TSJ y la solicitud de un Amparo Constitucional que ya tienen más de un año sin plena respuesta, pues la única acción de la Sala del TSJ que asumió los casos fue consultar a la Alcaldía de Caroní sobre el cierre del portal de tributos municipales a quienes no estaban cancelando los onerosos aranceles de Fospuca-Caroní. Que por cierto la municipalidad respondió con poca fundamentación enviando al Síndico Procurador en representación de la jefe de tributos, diciendo que se aplicado la acción como una medida ante la falta de pago.
“Son órdenes de Caracas”
Esa falta de accionar oportuno deja a los afectados con una vaga y elusiva respuesta por parte de los tribunales, donde al destacarse lo irregular de los procesos, aducen simplemente “son órdenes de Caracas” despersonalizando la atención a los reclamos al no determinar un responsable directo de las acciones y mostrando un accionar no apegado a lo que establecen claramente las leyes venezolanas.
Por ello esperan que con estas nuevas comunicaciones al TSJ, Ministerio del Interior e Inspectoría de Tribunales al fin se comience a mover el aparato judicial y se den las respuestas apegadas a derecho que no sólo los comerciantes y empresarios; sino toda Ciudad Guayana vienen exigiendo desde hace tiempo. (Prensa Asamblea de Ciudadanos)
UNA DE LAS CARTAS ENVIADAS
