Ciudad Guayana (Gustavo Montaña / CNP 8235) – La brisa del Caroní hoy arrastra algo más que humedad; arrastra la indignación de un sector comercial que se siente asfixiado por facturas de servicios inexistentes. El pasado viernes 30 de enero de 2026, lo que comenzó como el cansancio de un comerciante local —quien, según relatan sus abogados, se hartó de «reuniones de puro bla, bla, bla»— se cristalizó en una acción administrativa formal ante la Gobernación del Estado Bolívar.
Los abogados José Gregorio Meignen y Miguel Ángel García Hernández no andan con rodeos: el cobro por la «Disposición Final de Desechos Sólidos» en el municipio Caroní es, a su juicio, la facturación de un fantasma. Pues se viene cobrando por un relleno sanitario que ni siquiera es tal, y a pesar que las autoridades en acto público, encabezado por la mandataria regional y el alcalde del municipio, rompieron estridentemente el contrato de Fospuca, las irregularidades que caracterizaron el mismo, como el cobro del relleno, simplemente se siguen cobrando y hasta aplicando multas en el caso de la municipalidad.
El «No-Relleno» y la Ruta de la Reclamación
La estrategia jurídica es clara y escalonada. El primer paso se dio ante la Secretaría de Despacho de la Gobernación. El argumento central es de una lógica aplastante: se está cobrando por un relleno sanitario que no existe. Según los juristas, la única normativa que reguló una estructura de este tipo en la zona data de noviembre de 1987.
«Es un hecho notorio la inexistencia de dicha estructura», afirman en el documento recibido por el ente regional. Por ello, la exigencia es inmediata:
-Paralización del cobro a través de empresas y entes como Corpoelec, Supra Guayana, Cerdeco y la Superintendencia de Tributos Caroní.
-Emisión de Certificados de Crédito Fiscal para reembolsar los «pagos indebidos» realizados por los contribuyentes.
La solicitud se interpuso ante la Secretaría de la Gobernación el viernes, ahora falta la respuesta de la mandataria del estado.
Inconsistencias en la Alcaldía: El Laberinto de Caroní y siguen cobrando por metros cuadrados
Una vez superada la instancia regional, la mirada se posa sobre el despacho del alcalde Yanny Alonzo Vivas. Los abogados denuncian que la Ordenanza de Remisión (Gaceta Municipal N° 204-2025) es un «traje a medio hacer». «Faltó establecer el procedimiento. Si un contribuyente paga sus deudas de 2022 a 2025 para obtener el beneficio fiscal, no hay claridad sobre cómo se eliminan las 37 multas e intereses moratorios», explicanGarcía y Meignen .
Además, alertan sobre una nueva e ilegal pretensión: el intento de la Administración Tributaria Municipal de seguir cobrando el aseo basándose en los metros cuadrados del inmueble.
Los expertos son tajantes: la LOCAPTEM (Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias) solo reconoce tres factores para el cálculo: generación de basura, zonificación y viabilidad financiera. Los metros cuadrados, simplemente, no existen en la ley nacional.
Un Llamado a la Acción Judicial
El escenario es complejo, pero el primer actuante y los abogados ya tienen trazada la ruta hacia el reclamo tribunalicio de Justicia. Advierten que, de no obtener respuesta en 60 días, interpondrán un Recurso de Colisión ante la Sala Constitucional, amparados en el artículo 336 de la Constitución.
Incluso, asoman la posibilidad de ejercer la acción penal contra funcionarios públicos, citando el artículo 71 de la Ley contra la Corrupción, por el cobro de tasas indebidas o aplicadas mediante medios no autorizados.
El mensaje para los comerciantes y empresarios de Ciudad Guayana es urgente: es el momento de sumarse a esta acción de reclamo. Lo que está en juego no es solo una factura, sino el respeto al ordenamiento jurídico y la salud económica de quienes mantienen viva la actividad comercial en el municipio.
Hace tiempo cuando Fospuca llegó a la ciudad, la Asamblea de Ciudadanos de Caroní, alertó a la colectividad y al sector comercial y empresarial. La colectividad dio su lucha y al final el alcalde Tito para evitarse males mayores decidió no cobrar las tarifas elevadas de aseo que estaban comenzando a cobrar a la gente, todo el peso de la carga y mucho más se lanzó sobre el sector comercial, que no fue capaz de sumarse a luchar como un bloque integral. El resultado lo conoce todo el mundo, cientos de empresas cerradas en el municipio, más de un centenar de acciones de embargo injustificadas y al margen del derecho aplicadas al sector. El impacto económico de Fospuca fue la quiebra de muchos.
Hoy día la falta de claridad, de normas fiscales transparentes y apegadas a lo establecido en las leyes venezolanos, asoman un riesgo nuevo de explotación indiscriminada contra los contribuyentes comerciales de la urbe. Si ahora, que está comenzando el servicio no se unen todos en un frente común puede ocurrir lo mismo de hace tres años. Están todos a tiempo. Quien desee adherirse a la acción sólo debe contactar a los abogados García y Meignen por los teléfonos 0414-1924524 y 0414-8943157. ¿Será que esta vez si se pone las pilas todo el mundo y no hace falta que los vuelvan a someter a cobros indebidos? El Correo Financiero