La Corte Penal Internacional (CPI), nacida del Estatuto de Roma en 1998 y operativa desde 2003, ha sido objeto de graves amenazas a su existencia, por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, alegando razones de seguridad de dicho país, pero sus declaraciones no son más que una política de defensa de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos.
La Corte Penal Internacional se creó con el propósito de erradicar la impunidad en delitos de lesa humanidad, genocidios y crímenes de guerra en cualquier parte del mundo. Aunque cuenta con el respaldo de 124 países, las grandes potencias globales como Estados Unidos, Rusia, Israel, China e India, no aprobaron su creación y se mantienen al margen de su jurisdicción global.
Este análisis observa que la efectividad y la confianza de este organismo están gravemente comprometidas, por dos factores críticos:El factor geopolítico y el «doble rasero moral» de las Potencias, que invocan la paz y la justicia universal, pero rechazan la investigación universal de los crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad, cuando tocan sus intereses.La aspiración de una jurisdicción universal ha impactado frontalmente con los intereses de las grandes potencias.
El bloqueo político y económico de países, como EE. UU., Rusia y China los cuales utilizan sus influencias y peso geopolítico para blindar a sus líderes proxys o países aliados, que cometen crímenes de guerra y genocidio, han convertido a la justicia en un asunto políticamente selectivo.
Las represalias recientes ante las órdenes de aprehensión e investigaciones emitidas por la CPI, contra figuras responsables en los conflictos de Ucrania y Gaza, potencias como Estados Unidos han reaccionado con amenazas de desmantelamiento, retiro de visas y presiones económicas a países aliados para que abandonen la Corte Penal Internacional (CPI).
Otro factor que atenta contra el CPI, es el retardo procesal y el exceso de formalidades inútiles que hacen de la CPI un órgano de justicia pesado y lento que derivan en una justicia burocrática.
El diseño jurídico de la CPI adolece de una burocracia excesiva que ralentiza las investigaciones, impidiendo una justicia oportuna y eficaz.El filtro del «examen preliminar» hace de esta fase inicial, llamada «Preliminar» que fue diseñada para evaluar si un caso amerita una investigación, examen preliminar, suele prolongarse por años, decepcionando a las víctimas y denunciantes.
Las tácticas dilatorias de los gobiernos investigados aprovechan estas formalidades inútiles, junto al llamado principio de complementariedad, para dilatar los procesos, dejando a la CPI sin capacidad real, para dictar medidas cautelares que protejan a las víctimas de inmediato, porque adolecen de facultades preventivas.
Los casos emblemáticos sujetos a investigación, han sembrado una frustración Institucional en este órgano de Justicia internacional.
En sus inicios, la CPI logró condenas en el continente africano (como los casos de Thomas Lubanga en el Congo y Joseph Kony en Uganda) e incluso actuó contra un jefe de Estado en funciones (Omar Al Bashir en Sudán).
Pero el caso de Venezuela se encuentra como el ejemplo más evidente del retardo procesal e ineficacia, a pesar de contar con denuncias de más de cinco países y testimonios de miles de víctimas directas del régimen venezolano. El proceso lleva más de seis años sin iniciar un juicio formal. A este retardo se suman críticas hacia la Fiscalía por presuntas actuaciones sospechosas en reuniones exclusivas con Nicolás Maduro, régimen investigado, por genocidio y delitos de lesa humanidad.
También se critican los llamados «memorándum de entendimiento» que favorecen el retardo procesal. La CPI no va a desaparecer, pero corre el riesgo de convertirse en un mero símbolo del espejismo de la justicia internacional. Mientras el Orden Mundial esté supeditado a los intereses y el control de las grandes potencias, la jurisdicción universal de la justicia penal, seguirá siendo solo un espejismo.Análisis político y jurídico de la Corte Penal Internacional, realizado por Óscar Ceballos. Abogado UCV. Politólogo. Maestría en Ciencias Políticas en Ohio University. Ex Inspector de Tribunales Jubilado.