***El exdiputado Walter Márquez desmonta la vinculación forzada con el caso Friosa al probar que la obra fue construida con capital privado años después
Ciudad Guayana (CF) – El calor húmedo de Puerto Ordaz no solo se siente en el ambiente; se respira en sus calles una tensión silenciosa, la de una tierra que pasó de ser el emporio industrial y agropecuario de Venezuela a un cementerio de empresas expropiadas. En este escenario, el profesor, exdiputado, exembajador en la India y presidente de la Fundación El Amparo Internacional, Walter Márquez, de larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos, alza la voz para destapar lo que califica como un «atropello judicial y un auténtico acto de terrorismo de Estado»: el intento de confiscación ilegal de más de 190 apartamentos del Conjunto Residencial Doña Paulina, ubicados junto a la avenida Atlántico en Puerto Ordaz, que de una forma traída por los “pelos de un calvo”, se pretende írritamente vincular a la expropiación de Friosa, aunque ni siquiera se habían construido cuando esto pasó.
La denuncia penal y pública tiene un objetivo claro, Oleg Oropeza, actual administrador de la comercializadora Friosa y cabeza de la Misión Alimentación en el estado Bolívar. Según denuncia Walter Márquez, Oropeza, actúa como el «ideólogo» de una operación que busca despojar de sus bienes a los hermanos García Armas, legítimos propietarios del complejo, bajo argumentos que el exparlamentario desmonta con documentos en mano.
La falsedad de un decreto inexistente
El argumento oficialista para cercar el Conjunto Residencial Doña Paulina se ha basado en dos premisas. La primera, que los inmuebles forman parte de la histórica expropiación de la distribuidora de alimentos Friosa y sus filiales (como Delicateses La Fuente y Koma), ordenada por Hugo Chávez. La segunda, que la obra fue financiada con materiales del programa estatal Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).
«Ambos argumentos son absolutamente falsos», sentencia Márquez de forma categórica. Las investigaciones y revisiones de los expedientes históricos revelan las costuras de la operación:
Anacronismo legal: El decreto original de expropiación forzosa de Friosa (Decreto N° 7.703) fue publicado en la Gaceta Oficial N° 39.524 en octubre de 2010, y su posterior reforma ocurrió en 2012. Sin embargo, el Conjunto Residencial Doña Paulina comenzó a construirse en el año 2015. Por ello es legal y lógicamente imposible que un decreto de 2010 incluya una propiedad que no existía ni en planos.
Financiamiento privado comprobado: Frente a la tesis del uso de materiales del Estado, la defensa de los hermanos García Armas posee los registros financieros que demuestran que la obra fue costeada en su totalidad con recursos propios y a través de créditos comerciales otorgados por el desaparecido Banco Occidental de Descuento (BOD), sometido a estrictas evaluaciones y verificaciones bancarias de la época.
«Están invocando – desde el gobierno actual – la inversión internacional, pero no puede haber inversión repitiendo los errores del pasado. Las confiscaciones y expropiaciones fueron un gran fracaso y forman parte de la propia deuda interna y externa del país», advierte el exembajador.