*** El Colegio de Ingenieros denuncia un “crimen contra el territorio” y señala a la Alcaldía de Caroní por validar construcciones ilegales que violan el ordenamiento urbano y la ética profesional.
(Correo Financiero – CNP 8235) – Ciudad Guayana no es hoy la urbe planificada que soñaron los pioneros; es, en cambio, el retrato de una orfandad. Bajo el barniz de la burocracia, la ciudad luce indefensa, entregada a la voluntad de quienes poseen el músculo económico o la influencia necesaria para doblar la ley. La denuncia, con tono de urgencia y gravedad, surge desde el seno del Colegio de Ingenieros seccional Ciudad Guayana, donde los planos y las leyes ya no parecen ser herramientas de construcción, sino evidencias de un crimen contra el territorio, al violar las normas de ordenamiento urbano.
La Ciudad Indefensa
Pedro Acuña, presidente del colegio en Guayana, rompió el silencio con una frase que retumba como una sentencia: “Esta ciudad está indefensa”. Su voz no solo describe un mapa de calles y edificios, sino un ecosistema de abusos y atropellos donde el ciudadano común queda reducido a espectador de su propia tragedia. El señalamiento es directo y no admite matices: la Alcaldía de Caroní ha transitado el peligroso camino que va de la inercia a la complicidad.
Para Acuña, el drama de las familias afectadas por construcciones irregulares no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una gestión que ha permitido que la influencia se imponga sobre el derecho. Existe un marco legal —la Ley Penal del Ambiente, la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, el Código Civil—, pero en los pasillos municipales, estos textos parecen haber sido sustituidos por la conveniencia de unos pocos.
La Firma del Horror
El clímax de la denuncia toma forma de papel. El ingeniero Simón Yegres, en representación del Colegio de Ingenieros de Ciudad Guayana, como responsable de la OCEPRE, sostiene que esta validación de lo ilegal tiene una larga historia documentada por el gremio. Solamente entre el 2006 y el 2013 registraron 75 casos de permisos concedidos por Ordenamiento Urbano de la Alcaldía de Caroní, de los cuales 68 evidencian violaciones reiteradas al marco legal de ordenamiento municipal.
Como muestra hablaron del caso de una obra que se está concluyendo en Villa Alianza II en la Avenida Estados Unidos con cruce a la Nueva Orleans, que no tuvo ningún tipo de permiso oficial y en cambio si tienen tres documentos de la misma municipalidad donde se ordena la paralización de la obra, cosa que nunca se cumplió a pesar de afectar a los vecinos y de ser reiteradamente denunciado el caso. Obra que por cierto parece ser de los propietarios de otros locales comerciales, ubicados exactamente en frente, donde ya con anterioridades se cometieron irregularidades similares, pues según destaca el ingeniero, los planos de dicha obra autorizada en 2021. que a pesar de estar ubicada en un ordenamiento calificado como R-3 (Uso residencial), se permisaron cambiando su denominación a C-2 (comercial en zona residencial)
Lo que debería ser un documento técnico impecable es calificado por Yegres como “un horror”. Detrás de esa firma no hay solo un funcionario, sino un colega: un ingeniero que, desde la Jefatura de la División de Regulación del Territorio Municipal, validó lo que las normas prohíben.
“Es un mensaje nítido y clarito”, advierte Yegres. La crítica cala hondo porque el enemigo está en casa. Quienes diseñan, quienes inspeccionan y quienes firman desde el poder público son arquitectos, urbanistas e ingenieros; hombres y mujeres que juraron proteger la técnica y la ética, pero que hoy utilizan sus títulos como herramientas de asalto contra la ciudadanía.
Con la nueva construcción la situación es aún más irregular, pues presentaron los tres documentos con fecha 2025 dos y uno con fecha de enero 2026, donde se ordena la paralización de la obra, ya prácticamente terminada, y que nunca se detuvo, afectando a sus vecinos, irrespetando los derechos y violentando el ordenamiento urbano sin que la municipalidad y los profesionales responsables de la oficina de Ordenamiento del Territorio Municipal, hicieran valer las leyes establecidas, el plan de ordenamiento urbano y las propias disposiciones de las leyes.
La Ética frente al Título
La crónica de este desorden urbanístico no termina en la queja, sino en la advertencia legal. Yegres es enfático al recordar que el ejercicio de la profesión no es una patente de corso para el atropello. Además de las leyes de la República y de la Ley del Estatuto de la Función Pública, sobre estos profesionales pesa la Ley de Ejercicio de la Ingeniería y un Código de Ética que parece haber sido olvidado en el fondo de algún cajón municipal.
El Colegio de Ingenieros ha decidido que no habrá más silencio. La revisión de los “documenticos”, el registro fotográfico de las irregularidades y la activación del Tribunal Disciplinario son los pasos de una contraofensiva ética.
“Ya estamos cansados de que usen un título del cual nos sentimos honrosos para atropellar a la ciudad”, sentencia Yegres. Mientras la Alcaldía de Caroní siga validando permisos que violan la regulación urbana, Ciudad Guayana seguirá siendo una ciudad herida por sus propios constructores. La batalla ahora se libra entre el sello oficial que autoriza el caos y la reserva moral de un gremio que se niega a ver morir la urbanidad bajo el peso de lo que parece ser una ineficiencia extrema, o quizá aún peor, un simple hecho de corrupción.